Número 90, Año 17
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EDITORIAL
NUEVO GOBIERNO
¿NUEVO PROYECTO DE NACIÓN?
¿NUEVAS POLÍTICAS?
El pueblo mexicano asume una vez más, una realidad
política compleja, convulsionada, por los resultados del pasado proceso
electoral, con dejos de escepticismo sobre la democracia y el sistema electoral,
con la problemática que dejó el gobierno anterior, sobre todo
en lo referente a la seguridad, el desempleo, los bajos salarios, el abandono
al campo, la proliferación de la economía informal, el aumento
de los mexicanos que emigran al exterior y la dispersión de un pueblo
que no encuentra la forma de armonizar su identidad y su unidad como nación.
Hoy el pueblo y en especial los trabajadores, en sus diversas
expresiones: en el campo y en la ciudad, en los servicios públicos y
privados, en la economía formal e informal, en las actividades manuales
o intelectuales, se plantea qué le depara el nuevo gobierno: la continuidad
o el continuismo? El cambio? Qué tipo de cambio, con qué contenidos,
con qué modelo y proyecto político-histórico de nación?
Los diversos sectores populares esperan conocer las políticas
que se implementarán para reorientar el rumbo del país, ya que
más de la mitad de la población se encuentra en la pobreza y la
mitad de ésta en la pobreza crítica; más de la mitad de
la población económicamente activa la encontramos en la economía
informal; el desempleo y el subempleo se incrementan; la canasta básica
alimentaria se hace cada vez más inaccesible para este sector de la población
y los problemas de la vivienda y educación, siguen siendo expresión
de inquietud para un pueblo que busca su promoción y desarrollo humano.
De ahí que con muchas expectativas nos importa conocer
cuál es el proyecto de nación, de país, de estado, que
tiene este gobierno. Ya pasó la etapa de las plataformas, de las promesas,
pero hoy se exige rumbo claro, fundamentalmente en lo que se refiere al rol
y dimensión del Estado, de la concepción del estado de Derecho,
de la función del gobierno y sus políticas frente a la realidad
nacional.
En especial, las diversas expresiones organizativas de los
trabajadores, se plantean las nuevas políticas sociales en materia de
empleo digno, de salario justo y remunerador, de capacitación y formación
profesional, del desarrollo integral que asuma lo político, lo económico,
lo cultural y social en función, no sólo del crecimiento de la
macroeconomía, que concentra la riqueza en pocas manos, sino de la microeconomía
para promover a los sectores más pobres que requieren del apoyo, del
acompañamiento y de la solidaridad, para poder promoverse y realizarse
en los diversos ámbitos de la vida social.
Los primeros signos del nuevo gobierno no han permitido vislumbrar
las políticas de largo aliento y menos el tipo de nación que se
quiere, puesto que se parte de las políticas neoliberales, del libre
mercado, que han impactado negativamente a las mayorías populares; se
ha recurrido a la utilización de la fuerza y del sector militar para
enfrentar problemas sociales que tienen causas profundas, principalmente en
la pobreza y la marginalidad por un lado y la corrupción y la impunidad
por el otro; se han incrementado los precios de la canasta básica indispensable,
sin controles, sin políticas y dejando en la impunidad a quienes han
especulado con los productos básicos.
Se ha incrementado el desempleo en el primer mes de este nuevo
gobierno y el pueblo se pregunta a dónde vamos? Ha salido a la calle
para plantear la necesidad de un cambio de rumbo, de nuevas políticas
que reivindiquen y promuevan el desarrollo en el campo, al sector industrial
a partir de la micro, pequeña y mediana empresa nacional, a revisar los
planes de empleo de calidad y dignificar al trabajo y al trabajador con salarios
que respondan a la equidad y a la justicia.
Los trabajadores y sus organizaciones, en especial el Movimiento
Sindical, están atentos para jugar su rol en defensa de los derechos
y libertades fundamentales, asumiendo su responsabilidad en su quehacer y misión
en la prestación de servicios, la producción y productividad y
en la construcción de la sociedad democrática y solidaria.
DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL
José Merced González Guerra *
2007 será un año convulsionado por la confrontación
política. Los resultados electorales del año pasado, seguirán
golpeando la conciencia del pueblo, sobre el contenido y dimensión
de la democracia gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo
(¿?). ¿Cuál es su significado, cuando las estructuras
del poder -políticas, económicas, de los medios de comunicación,
empresariales, o de otra naturaleza- se imponen a las de la voluntad popular?
Será un año de debates en torno a la democratización
del Estado, de sus instituciones, de las organizaciones sociales y populares,
lo que implica un reto para el Movimiento de los trabajadores: impulsar la
organización social del pueblo, promover la importancia del pueblo
organizado para participar en todo el quehacer sociopolítico, económico
y cultural, pero de manera especial en la organización de los trabajadores,
la vigencia del Movimiento Sindical como columna vertebral en la organización
del pueblo.
Y eso demanda visión y misión clara de lo que
somos y queremos como trabajadores, como Movimiento Sindical; cuál
el proyecto político de nación, de país, de Estado? Cuál
su contenido, dimensiones y viabilidad? En función de qué y
de quiénes se realiza dicho proyecto, cuando tenemos a la mitad de
la población excluída y marginada, unos en la economía
informal, otros en el campo abandonado, otros en la pobreza crítica
y marginalidad social, otros en las zonas indígenas y qué decir
de los niños trabajadores, los discapacitados, jubilados y pensionados,
la mujer y juventud trabajadora?
Hoy debemos reafirmar la convicción de luchar por
un modelo alternativo para el desarrollo integral de nuestro país,
que asuma lo político, lo económico, social y cultural. No más
estructuras basadas en el poder económico, financiero o especulativo,
de libre mercado, sin tomar en cuenta las necesidades del pueblo, la nación
y el Estado. No más un estado sectario, centralista, omnipotente que
pase por encima del estado de Derecho, cobijando la corrupción, la
impunidad, la violación de los derechos humanos, el habitat humano;
no más un estado de Derecho que castigue a los débiles
y a los marginados, negándoles los derechos fundamentales; no más
un estado de mano dura que pase por encima del derecho al trabajo
digno, al empleo decente, al salario remunerador, a la educación gratuita
y de calidad, así como a la vivienda y los servicios que respondan
a la promoción y dignidad humana.
Por ello el reto en esta nueva etapa de la vida política
del país, que exige renovar, reorientar y darle una nueva dimensión
a la política, como la ciencia del servicio a los demás, de
la entrega generosa para la construcción del bien común y no
como el instrumento para responder a los intereses particulares o grupales,
en la búsqueda del poder, del botín,
de las negociaciones turbias o concertacesiones, que han denigrado a la política
y a los partidos políticos; urge reivindicar a éstos, que se
han desnaturalizado, que han perdido su misión y dimensión social
y política dentro de un marco pragmático, que han renunciado
a los valores y principios que les dieron su razón de ser.
La economía debe revalorizarse, no en función
de la riqueza o el crecimiento, sino para servir al desarrollo social, a la
comunidad, a la distribución equitativa, para hacer valer el principio
de la justicia social; no es posible continuar ya, con la humillante concentración
de la riqueza en pocas manos, que manipula al poder político en función
de intereses que no responden al desarrollo, reorientando la economía
como la ciencia de la administración de lo que somos y tenemos como
país y nación, la administración racional de la cosa
pública. No es posible continuar con los esquemas del trabajo
mercancía, de la explotación de la mano de obre barata,
de la exportación de braceros para obtener divisas o bien, valerse
de la especulación, para mostrar signos de crecimiento, cuando la población
se empobrece y sufre la agresión de la alza incesante de los productos
de la canasta básica.
Se ha perdido esta dimensión de la ciencia económica
y en lugar de administrar nuestros recursos, de profundizar en la capacitación
y formación profesional del factor trabajo, de trabajadores con la
capacidad y voluntad de mejorar, promoverse y desarrollarse como personas,
se les abandona y se recurre a la salida fácil de la economía
informal, de la migración, de la especulación, para mantenerse
en los índices que marca el sistema económico sobre la inflación,
sobre la devaluación o sobrevaluación de la moneda, en desmedro
del empleo y del salario justo y remunerador.
En este mundo que desafía los impactos de la globalización
e internacionalización del capital, debemos reivindicar lo social,
lo humano, los valores y derechos fundamentales de la persona y la sociedad,
con el desarrollo de la conciencia crítica y política, al ofrecer
respuestas y propuestas a la problemática que enfrentamos, con más
y mejor democracia, que la constataremos con más y mejor participación
del pueblo organizado en todo el quehacer de los partidos políticos,
organizaciones e instituciones sociales, políticas, económicas,
culturales y sindicales, en función de reorientar el rumbo del país,
en el respeto al estado de Derecho, que no sólo significa castigo o
represión, sino respeto y promoción a los derechos y libertades
fundamentales, que permitan la dimensión y realización humana.
Estos son los grandes desafíos del Movimiento de los
trabajadores, avanzar en la unidad, la solidaridad, con todas las expresiones
organizativas de los trabajadores, orientar nuestros esfuerzos a la construcción
de un nuevo pacto de unidad y solidaridad nacional, donde se busque crear
las condiciones para un nuevo enfoque del desarrollo humano, integral y sustentable.
Esa es nuestra misión y lucha diaria, como Movimiento
de los trabajadores, que nos desafía y que exige la voluntad política
para salir de los esquemas tradicionales de las reivindicaciones socioeconómicas,
solamente, para dimensionar las luchas para la construcción de una
sociedad más justa, humana y solidaria.
* Director del CENPROS
POLÍTICA LABORAL DE FELIPE CALDERÓN, PROYECTOS
Y PRIMERAS ACCIONES
Max Ortega *
I. PRESENTACIÓN
El gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa inicia su gestión
en un contexto caracterizado por el agotamiento del modelo económico
neoliberal, la desaceleración de la economía estadounidense proclive
tendencialmente a la recesión, la vigencia del conflicto postelectoral,
la crisis del Estado y el sistema político mexicano, y la acumulación
de los explosivos resultados de la política laboral foxista(1).
II. FELIPE CALDERÓN Y LA POLÍTICA LABORAL
El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa será un gobierno de estricta
continuidad empeñado en llevar a cabo los pendientes del foxismo:
aprobación de la contrarreforma de la LFT;
aprobación de la reforma de la Ley del ISSSTE
para privatizar sus fondos de pensiones; y,
imposición de la reforma a los regímenes
de jubilaciones y pensiones del sector manufacturero.
Estos propósitos están expuestos con toda claridad
en tres documentos de Felipe Calderón:
- 100 acciones prioritarias de gobierno(2);
Temas legislativos para la agenda nacional(3);
y,
El reto de México(4).
En este último texto en particular, los lineamientos
generales de política pública y sus acciones transversales en
los ámbitos político, económico y social están lo
suficientemente desarrollados como para conformar una propuesta programática.
Los cinco ejes que la articulan los diagnósticos y las soluciones son,
por otra parte, lo mismo que en su momento propuso e hizo el gobierno de Vicente
Fox.
Contrarreforma de la LFT
Las estadísticas del IMSS indican que de los 935 mil 662 empleos creados
en total de 2000 a 2006, 67 por ciento fueron eventuales y solo el 33 por ciento
restante, permanentes. Esta casi nula creación de empleos confirma la
necesidad de cambiar la política económica. Para Felipe Calderón,
sin embargo, no es así. El problema está en otra parte. Se encuentra
en la legislación laboral. Dice: El marco normativo laboral
en México es extremadamente rígido, la generación de empleos
formales se ve limitado ante los altos costos de separación que contempla
el actual esquema. Nuestra normatividad laboral no está diseñada
para detonar la generación de empleos afectando así a los cientos
de miles de mexicanos que demandan una oportunidad de trabajo formal.
Su propuesta de flexibilización de la Ley Federal del
Trabajo comprende varios de los temas centrales del proyecto Abascal:
Permitir la contratación de jóvenes o
mujeres cuyo tiempo disponible sea menor al de la jornada completa o requiera
un esquema de mayor flexibilidad.
Cambiar el esquema de ocho horas diarias de empleo por
uno de jornada semanal en las que las horas puedan variar por día.
Cambiar los esquemas de capacitación, retomar
la figura de aprendiz y diversificar las modalidades de entrenamiento remunerado.
Reforma de los sistemas públicos de pensiones
Hasta 1992 el ISSSTE financiaba su gasto con recursos propios provenientes de
cuotas y aportaciones complementarias con la reserva actuarial del Fondo de
Pensiones. Pero a partir de 1993 las aportaciones y los rendimientos resultaron
insuficientes y las reservas se agotaron, por lo que se registró un déficit
que el gobierno federal tuvo que compensar. Los factores que habían generado
el problema del financiamiento eran la caída en el salario base de cotización,
los despidos masivos en el sector central, el congelamiento de plazas, las jubilaciones
inducidas, el estancamiento del número de cotizantes, la administración
corrupta de los recursos excedentes y la utilización de las reservas
para infraestructura médica sin generación de rendimientos. En
resumen, los problemas del ISSSTE tienen su origen en la aplicación de
la política laboral neoliberal en el sector central(5).
Pero para Felipe Calderón el problema del financiamiento
del ISSSTE se ubica más bien en el ámbito de la estabilidad macroeconómica.
Para él es un asunto de finanzas públicas saludables, cuya solución
se localiza en la privatización de los sistemas de pensiones. Dicho con
sus propias palabras: En 1997 la reforma a las jubilaciones del
IMSS permitió sustituir el esquema de beneficio definido, de fondo revolvente
por otro basado en un sistema de cuentas individuales. Esta reforma permitió
darle acceso al sistema financiero a un gran número de personas, fomentar
el ahorro, fortalecer el mercado de capitales y lo más importante darle
viabilidad financiera y de largo plazo al sistema de pensiones.
Pero, agrega, Esta reforma no se extendió a los sistemas
de pensiones de las universidades públicas, de los servidores públicos
en los tres órdenes de gobierno, incluido el ISSSTE, ni de los trabajadores
del IMS`. Su propuesta, obviamente, es extenderla mediante la reforma
a la Ley del ISSSTE.
Los fondos de pensiones de PEMEX
La reforma de los sistemas públicos de pensiones podría extenderse,
por otra parte, tanto al sector manufacturero como al sector paraestatal. En
este último caso, Luis Ramírez Corso, director general de PEMEX,
acaba de anunciar la conveniencia de reestructurar el contrato colectivo de
los trabajadores petroleros. Hay que acordar explicó-
con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
(STPRM) la redefinición del contrato colectivo de trabajo. Tenemos diseñadas
algunas iniciativas para modificarlo a fin de que funcionen en condiciones laborales
más eficientes y de más largo plazo.
Las propuestas agregó- no son diferentes a las
del seguro Social (IMSS): individualizar las cuentas de ese pasivo laboral;
esto es, incrementar las condiciones para el tiempo de jubilación y que
este periodo pase de 55 a 65 años de edad; además, que en lugar
de 25 años de servicios se consideren 35.
III. PRIMERAS MEDIDAS DE POLÍTICA LABORAL
Salario, empleo, guarderías, contratación colectiva,
y relaciones sindicales, fueron algunas de las materias sobre las que durante
los primeros sesenta días del nuevo gobierno se dictaron medidas confirmatorias
de la continuidad neoliberal de la política laboral.
Política salarial
El argumento gubernamental de que los aumentos salariales superiores a las tasas
de inflación proyectadas son los responsables de las escaladas inflacionarias,
quedó despojado de toda verdad, ya que la fijación del salario
mínimo para 2007 menor a la inflación anualizada de 2006 (3. 89
por ciento contra 4.06 por ciento) no impidió que entre el 16 de noviembre
de 2006 y el 29 de enero de 2007 se disparara el aumento de los precios de bienes
y servicios: la leche, por ejemplo, que comercializa Liconsa pasó de
3.50 a 4.50 pesos el litro de leche; el precio de la tortilla pasó de
6 a 8.50 pesos el kilo; el kilo de frijol pasó de 10 a 15 pesos; el kilo
de azúcar de 7 a 12 pesos; el kilo de jitomate de 10 a 20 pesos; el kilo
de huevo de 12 a 14 pesos; el kilo de papas de 6 a 12 pesos; el kilo de pechuga
de pollo de 30 a 40 pesos; la gasolina Premium subió 4.2 por ciento (de
7.92 a 8.25 pesos); el diesel aumento el 3.3 por ciento (de 5.50 a 5.68 pesos);
y el kilógramo de gas LP que aumentará de 9.17 a 9.73 pesos, al
terminar 2007, de acuerdo con las estimaciones de Pemex .
Esta crisis de la política económica, no impidió,
sin embargo, que se siguiera usando la política salarial como instrumento
antiinflacionario, y que las revisiones salariales quedaran una vez más
subordinadas al incremento del 3. 89 por ciento (un peso con 89 centavos) del
salario mínimo. Así, el Sindicato Nacional de la Industria Azucarera
y Similares de la República Mexicana recibió un incremento directo
al salario del cuatro por ciento(6); los trabajadores
de tierra afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación,
Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS) acordaron con Mexicana de
Aviación, un incremento salarial de cero
para el 2006 y aumentos equivalentes al porcentaje de inflación, más
un punto porcentual para 2007, 2008 y 2009(7); el Sindicato
Unico de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex) pactó el 4 por ciento de
incremento salarial con la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex)(8);
y la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad
Nacional Autónoma de México (AAPAUNAM), el Sindicato Independiente
de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) y otros
sindicatos universitarios pactaron el 3.8 por ciento de incremento salarial.
Política de empleo
Es un hecho documentado, la generación de empleos no avanza al ritmo
que lo hace la población económicamente activa. Pocos empleos,
y la mayor parte de ellos, precarios. Sirvan para ilustrar esta afirmación
los datos del último año que fue, para el empleo, el mejor año
del sexenio. A la incorporación de un millón 300 mil personas
en edad laboral, la economía mexicana respondió con la creación
de 879 mil 533 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 474 mil 117 fueron eventuales
y permanentes solamente 405 mil 416(9).
En este contexto, el presidente Calderón anunció
el 15 de enero pasado, el inicio de su Programa del Primer Empleo. Este programa
descansa, como se sabe, en la idea de que frente al problema del empleo, el
Gobierno lo que debe hacer es dar facilidades y reducir costos para que pueda,
verdaderamente, invertirse en México; y que en nuestro país no
resulte tan oneroso, como lo es hasta ahora, el crear un puesto de trabajo(10).
Como parte de esa reducción de costosse concede
a los empresarios un subsidio de tres mil millones de pesos mediante
la cobertura durante 12 meses, hasta el 100 por ciento de las cuotas al Instituto
mexicano del Seguro Social, derivadas de la contratación de nuevos trabajadores(11).
El Programa dice que busca fortalecer al aparato
productivo nacional y generar la formalidad ocupacional. Nada
más ajeno a la verdad. Lo que garantiza el Decreto que
establece las directrices generales para dar cumplimiento al Programa Primer
Empleo(12) es exactamente lo contrario:
se subsidia a la gran empresa y se fortalece la tendencia a crear empleos eventuales.
Política de seguridad social: guarderías
y estancias infantiles
El Programa de guarderías y estancias infantiles para apoyar a las madres
trabajadoras(13) anunciado el 11 de enero en Veracruz
tiene dos componentes: Por una parte, un apoyo que le vamos a
dar a las mamás de los niños (
) para que paguen el costo
de la estancia infantil y que puede llegar, dependiendo del estudio socioeconómico
hasta 700 pesos por mes, por niño, y esto a su vez, la mamá va
a ir a la estancia infantil de su preferencia a dejar a sus niños.
A la vez, queremos apoyar a que si una mamá o una mujer
mayor que ya cumplió con su familia y está en su casa sin trabajo
puede, al mismo tiempo, en la sala y en el comedor de su casa, en el patio de
su casa, cuidar a los niños de las vecinas, que lo haga.
Nosotros le vamos a proporcionar asistencia, capacitación,
le vamos a dar un préstamo para que arregle su casa, para que ponga el
bañito para los niños, para que proteja que no entren a la cocina
de su casa, para que esté separado del resto de las actividades de la
familia, para que tenga los mesa bancos, las sillitas y lo que necesite,
y se haga ahí una estancia infantil(14).
La irresponsabilidad y el profundo desprecio del gobierno
de Felipe Calderón hacia las y los niños proletarios. es más
que evidente en este programa Con él se busca eximir a los empresarios
y al Estado de la obligación de proporcionar a las mujeres trabajadores
y a sus hijos, guarderías y estancias infantiles con instalaciones adecuadas
y personal profesional capacitado. Al mismo tiempo que impulsa, los procesos
de privatización de las guarderías, en su forma más degradada.
Política sindical
Apoyo y concesiones políticas a las dirigencias aliadas
(SNTE, STFRM y CTM), congelamiento de la solución del conflicto minero
metalúrgico (Pasta de Conchos y autonomía sindical), negociación
y acuerdo con la dirigencia del Congreso del Trabajo, encabezada por Enrique
Aguilar Borrego, contención de las disidencias (sindicato minero y CROC),
golpeteo presupuestal al sindicalismo democrático (SME, sindicatos universitarios
y de la cultura), y flexibilización de los contratos colectivos de trabajo
(contrato ley de la industria azucarera y del SNTTTASS y Mexicana de
Aviación), son entre otras, algunas de las expresiones más visibles
de la política sindical calderonista.
Consideración final
El sexenio que acaba de empezar está preñado
de dificultades para el movimiento de las y los trabajadores. Los problemas
planteados son de carácter estratégico: contrarreformas de la
Ley Federal del Trabajo, del ISSSTE y del IMSS. En su defensa, las fuerzas del
trabajo tendrán que hacer su mejor esfuerzo para enfrentar los embates
del bloque histórico de los intereses neoliberales, resistirlos y trazar,
al mismo tiempo, otro camino, otra perspectiva, de dirección y organización
de la sociedad.
* Doctor en Ciencia Política. Profesor-investigador
de la UAM-I e integrante del Area de Investigación Estado y Movimientos
Sociales.
(1) Vid. Max Ortega y Ana Alicia Solís
de Alba, Estado, crisis y reorganización sindical, segunda edición,
Editorial Itaca, México, 2005, 169 pp.
(2) Felipe Calderón, 100 acciones prioritarias de gobierno, México,
2006, en : http: //w.w.w.felipe.org.mx /fc /html/100 acciones.htm.
(3) Felipe Calderón, Temas legislativos para la agenda nacional, México,
2006, 28 pp., en: http: //w.w.w.felipe.org.mx/fc/html/files/legisla.pdf
(4) Felipe Calderón, El reto de México, México, 2006, en:
http://www.felipe.org.mx/fc/propuesta/elreto.aspx
(5) Véase, Max Ortega y Ana Alicia Solís de Alba, Las luchas
sindicales más importantes del sexenio foxista, en José
Merced González Guerra y Antonio Gutiérrez Castro (coordinadores),
El sindicalismo en México. Historia, crisis y perspectivas, Konrad -Adenauer-
Stiftung/Centro Nacional de Promoción Social, A.C./Plaza y Valdes Editores,
México, 2006, pp. 291-294._
(6) Secretaría del Trabajo y Previsión, 24 de enero de 2007, Boletín
015. Suscriben convenio entre Sindicato e Industria del azúcar.
(7) Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 19 de enero de
2007. Boletín 011 Bis. Hay que tener una visión de aliados para
preservar las fuentes de empleo, señala el Secretario del Trabajo.
(8) La jornada, 28 de enero de 2007, Carolina Gómez Mena, Conjurada,
huelga en Notimex; aceptan aumento de 6.36%.
(9) El Financiero, 23 de enero de 2007, Guadalupe Cadena, Se crearon
879 mil 533 empleos en 2006.
(10) Vid. Presidencia de la República, 15 de enero de 2007, Discursos.
El Presidente Calderón durante la firma del Decreto del Programa por
la generación del primer empleo, p. 3
(11) Idem, p. 2.
(12) Véase Diario Oficial de la Federación (Primera sección),
23 de enero de 2007, Decreto que establece las directrices generales para dar
cumplimiento al Programa Primer Empleo
(13) Vid. Presidencia de la República, 11 de enero de 2007. Sala de prensa.
El Presidente Calderón en Veracruz durante la ceremonia del arranque
nacional del Programa de guarderías y estancias infantiles para apoyar
a las madres trabajadoras.
(14) Idem., p. 3.
DECLARACIÓN DEL ZÓCALO,
COMPROMISO DE UNIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
''Iniciamos una nueva etapa de lucha por las demandas de los
sectores mayoritarios''
Las organizaciones campesinas, sindicales, civiles y
políticas que convocamos a esta histórica manifestación
de los diversos sectores de la sociedad, de los hombres y mujeres del campo
y la ciudad, declaramos de manera plural y unitaria que iniciamos una nueva
etapa de lucha por las demandas de los sectores mayoritarios de la sociedad
mexicana.
Es evidente lo que desde hace años sosteníamos:
el modelo económico que se impuso al país no es viable y hoy
está en crisis. El estancamiento económico, la incapacidad
para generar los empleos necesarios, el deterioro del salario, la falta
de competitividad internacional y la pérdida de la soberanía
alimentaria son algunos de los múltiples problemas derivados de su
aplicación. Mientras que en otros países están buscando
alternativas para sustituir las políticas neoliberales, en México
el gobierno se ha quedado a la zaga e insiste en aplicar un modelo que,
después de un cuarto de siglo, ha demostrado su ineficiencia e inequidad,
convirtiéndose así en uno de sus últimos defensores
en el ámbito internacional. Al actuar de esta manera no nos representa
ni defiende nuestros derechos.
Sólo podremos ponernos a la altura del siglo XXI si realizamos los
cambios profundos que la situación requiere y el pueblo demanda.
Urge avanzar hacia un modelo incluyente, equitativo y no discriminatorio.
No se puede continuar con una política que, ante
nuevos problemas, responde con las viejas recetas desreguladoras y privatizadoras
que implican menor capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones
y mayor subsidio a los capitales ineficientes. No se puede continuar sacrificando
a generaciones de mexicanos y mexicanas, destruyendo al campo y a la industria,
dejando a los jóvenes sin futuro y profundizando las desigualdades
que niegan viabilidad a nuestro país en el contexto internacional.
Tampoco es admisible que la única respuesta a
los movimientos sociales, surgidos como consecuencia de la descomposición
política asociada al continuismo, sea la represión. Necesitamos
hacer prevalecer los derechos humanos ante cualquier decisión política,
y la negociación ante el uso de la fuerza. Frente a la política
excluyente y represora habrá que oponer la defensa integral de nuestros
derechos y nuestras libertades.
Es imprescindible democratizar la economía y
superar el estancamiento en la democratización de la política.
La reforma social y democrática del Estado es hoy, más que
nunca, una tarea fundamental. Para alcanzarla se requiere de un nuevo pacto
social incluyente. Nadie, ni aun los que afirman haber ganado las elecciones,
tienen derecho al monopolio de las decisiones públicas. El nuevo
pacto social que estamos demandando deberá darse de cara a la nación;
ni las pláticas palaciegas ni los acuerdos cupulares sirven para
construirlo; lo que se requiere son nuevas formas institucionales que permitan
la inclusión de los diversos actores en las decisiones públicas
con capacidad para participar de las decisiones y no sólo para ser
consultados.
Planteamos un nuevo pacto social que modifique la política
económica para asegurar la inclusión social, la equidad, la
competitividad internacional, el empleo y la alimentación de todos
los mexicanos, así como el control y la administración eficiente
de la nación sobre sus bienes básicos y estratégicos.
Ello implica cambios en la política social para pasar de la caridad
pública al reconocimiento pleno de los derechos de toda la ciudadanía.
La nueva política social deberá apoyar las capacidades productivas
y organizativas de los diversos sectores sociales; pondrá en el centro
a la educación laica, gratuita y de calidad, así como a la
seguridad social. Este nuevo pacto incluye cambios en el ámbito electoral
y en el régimen político para dar seguridad a la ciudadanía
sobre el resultado de su voto, para promover la democracia, para hacer viables
y efectivos los acuerdos entre poderes y entre órdenes de gobierno,
y para democratizar el mundo del trabajo, evitando toda injerencia gubernamental
en la vida interna de las organizaciones sindicales, campesinas y civiles.
Todo lo anterior deberá incorporarse en el Plan Nacional de Desarrollo,
para lo cual se requiere la participación de toda la sociedad y no
sólo de las elites.
Las condiciones inmediatas para avanzar en la construcción
del nuevo pacto social son: I) Hacer del campo la prioridad, revirtiendo
su destrucción, apoyando a los pequeños y medianos productores
y recuperando la rectoría del Estado, para así fortalecer
la soberanía alimentaria; demandamos la actualización del
Acuerdo Nacional para el Campo; II) Es imprescindible la renegociación
del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, excluyendo del mismo los productos alimenticios básicos,
estableciendo un programa emergente de fomento a su producción, garantizando
la protección al ambiente y a la biodiversidad; III) Frenar el aumento
en los precios de los bienes básicos, castigando a los responsables
de su artificial incremento; pactar un aumento salarial de emergencia que
compense la pérdida del poder adquisitivo; IV) Impulsar políticas
de gobierno para la generación inmediata de empleos formales con
salarios dignos que propicien la reactivación del mercado interno;
V) Crear espacios institucionales para que los distintos sectores sociales
participen eficazmente en las decisiones sobre las políticas públicas;
VI) El gobierno deberá comprometerse a detener la respuesta represiva
a los movimientos sociales, evitando en todo momento la violación
de los derechos humanos para así cumplir estrictamente con los convenios
en la materia a los que se ha comprometido el Estado mexicano.
Nuestras demandas son claras y viables; este acto no
es sino el inicio de la respuesta social al deterioro de la vida pública.
Continuaremos articulando las diversas expresiones sociales, vinculando
la protesta con la propuesta, el diálogo con la movilización,
las demandas de soluciones inmediatas a los problemas con los planteamientos
de mediano y largo plazo, la expresión de las grandes organizaciones
sociales y políticas con la participación del ciudadano individual,
el campo con la ciudad, las nuevas con las viejas generaciones, los hombres
con las mujeres, la reivindicación nacional con la presencia internacional.
La palabra con la acción.
Llamamos a toda la población del país
a expresarse, a discutir, a construir la amplia unidad social que se requiere
para impulsar las reformas necesarias y promover la más amplia solidaridad
con los movimientos sociales, las revisiones salariales y contractuales;
sólo así podremos alcanzar el anhelado bienestar de todos
y todas, darle un futuro a las nuevas generaciones y democratizar la vida
pública. Hoy demandamos la soberanía nacional, tanto la alimentaria
como la energética, la defensa del salario y del empleo; estos son
los primeros pasos para construir un gran acuerdo nacional que se transforme
en el nuevo pacto social que a todos beneficie.
¡Viva la unidad social que lo hará posible!
¡Viva el pueblo soberano!
¡Viva México!
México, DF, 31 de enero de 2007.
Listado de las organizaciones convocantes:
Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras (Conaorp), Frente Sindical
Mexicano (FSM), Coalición Ciudadana Nacional (CCN), Consejo Agrario
Permanente (CAP), Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Consejo Nacional
de Organizaciones Campesinas (Conoc), Frente Amplio Progresista (FAP)
La Jornada, 1º. de febrero de 2007
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