Número 89, Año 16
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EDITORIAL
UNIDAD Y DEMOCRACIA SINDICAL
El pasado proceso electoral que ha vivido el pueblo mexicano,
ejercido por su ciudadanía, ha dejado profundas huellas, lecciones y
desde luego condiciones para poder evaluar el camino transitado para la democratización
de nuestro país, tanto en el plano político, como en el social,
económico, cultural y de manera especial, en el campo sindical.
Sus resultados han demostrado una vez más, la falta
de voluntad política para avanzar en el Estado de Derecho, defender y
promover sus instituciones que han sido construidas con el esfuerzo, sacrificio
y voluntad de muchas generaciones que han apostado por la democracia; los vicios
en dicho proceso, las violaciones a las normas elementales y las actitudes de
muchos de los actores, han provocado que nuevamente la nación mexicana
sienta la vulnerabilidad y debilidad del Estado y sus instituciones.
Es tiempo ya de la reconciliación y de la unidad nacional,
conscientes de que México es un país con una gran diversidad en
lo ideológico, político, económico y cultural, pero que
tiene sus raíces que lo identifican y que lo proyectan; que la riqueza
de su diversidad ha permitido a través de los tiempos, ir conformando
una nación que exige más que nunca el respeto a los demás,
la lealtad a su historia y vocación y sobre todo, su voluntad para la
construcción de una sociedad donde la democracia, la justicia, la unidad
y la solidaridad, sean un marco clave en su desarrollo y en la proyección
en la comunidad internacional.
Y por ello la necesidad de un análisis y diagnóstico
a fondo del México que hemos construido, en el que actuamos, el que queremos,
en el que vivimos y en el que hemos podido actuar, que nos permita responder
con autenticidad, con objetividad y de manera especial, con decisión
política, a lo que el país y la nación nos demandan, en
lo referente a su soberanía, a su desarrollo y a la construcción
de un Estado de Derecho, con instituciones fuertes y comprometidas con su destino.
Y como trabajadores en la lucha por la democracia sindical,
nos toca hoy evaluar el avance o retroceso en la democratización sindical,
en un año marcado por ese proceso, para el desarrollo del Estado y que
se ha caracterizado por graves situaciones, que lesionan lo más sagrado
del Movimiento de los trabajadores, que son sus organizaciones sindicales, lo
que nos debe de exigir respuestas a las violaciones constantes, dentro de la
política laboral del gobierno de la república y de diversos estados,
a la libertad y autonomía sindical.
Los graves acontecimientos a partir de lo ocurrido a los mineros
en Pasta de Conchos, a los mineros de la Caridad en Nacozari, de La Calera en
Agua Prieta, Sonora, de Sicartsa en Michoacán, en donde se violenta el
derecho al empleo y se reprimen los derechos fundamentales de la huelga, para
defender la autonomía sindical, en demanda de mejores condiciones de
vida y trabajo, demostraron el tipo de política laboral que se ejerce
en el país.
Y si apuntamos a lo sucedido en las elecciones del Sindicato
petrolero, en el Sindicato del Seguro Social, con los maestros en Oaxaca, con
el Sindicato del Colegio de bachilleres o los servidores públicos en
Querétaro, en donde la intervención estatal ha sido manifiesta,
violentando los derechos humanos laborales, la libertad sindical y de manera
especial, lesionando la voluntad de los trabajadores para democratizar sus organizaciones,
las instituciones que son parte fundamental del país, demandan y exigen
a los trabajadores y al pueblo mexicano posiciones claras y una decisión
determinante para continuar siendo actores claves en la reconstrucción
de la democracia, de las instituciones y de nuestro país.
El deterioro de las condiciones de vida y trabajo, el desempleo
que se incrementa, la contención salarial, el problema de la seguridad
social, en especial el futuro de las pensiones y jubilaciones, los problemas
de la educación y la salud y otros aspectos de tipo social, económico
y cultural, son determinantes para poder fijarnos la tarea, el compromiso y
la responsabilidad para que el Movimiento Sindical revise, asuma y se comprometa
a renovar esfuerzos para continuar este proceso democratizador, que el México
del futuro demanda y exige como condición previa para avanzar en la democracia
política y que ésta se proyecte en la democracia económica,
cultural y de manera especial la sindical.
Tenemos la palabra.
LA DEMOCRACIA Y EL PROCESO ELECTORAL
Este año electoral, que tuvo como centro las elecciones
para renovar los poderes ejecutivo y legislativo federal, gubernaturas y presidencias
municipales en diversos estados de la república, continúa prese-ntándonos
una serie de hechos, situaciones y resultados, que deben ser objeto de un profundo
análisis, para recoger tanto ele-mentos para continuar avanzando el proceso
de democratización en el país, como lecciones para los actores
políticos y para la sociedad en su conjunto, que deben tenerse en cuenta
en el proceso del desarrollo de los pueblos y su proyección en el ámbito
nacional e interna-cional.
Primeramente, sigue siendo determinante analizar, revisar y
profundizar el sentido, dimensión y visión de la democracia, que
muchas veces se queda en un esquema reduccionista y simple de un proceso electoral,
sin tomar en cuenta que tiene una dimensión profundamente humana, de
un quehacer cotidiano en la vida política, social y cultural; que no
se agota en sufragar el voto en un día determinado para elegir a quienes
nos representarán, sino en un compromiso de vida, para participar activamente
en los destinos de la sociedad y del país.
La democracia tiene una serie de componentes, de valores y
principios, de contenidos ideopolíticos, siempre en función de
la búsqueda de la mejor convivencia humana y social, del desarrollo integral
de la sociedad y el bienestar de quienes la componen.
Esto exige el respeto a la voluntad colectiva, el respeto a
los demás, el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en especial
los de organización, de reunión, de información, de manifestación
y otra serie de derechos y responsabilidades, para conjugar la armonía
y la construcción de las organizaciones e instituciones, en el marco
del Estado de Derecho.
La participación seria y responsable en la democracia,
exige un proceso de información, de formación y de asumir tareas
y responsabilidades para el ejercicio de los derechos ciudadanos, conforme a
los roles que se asumen en dicho proceso democrático; en el caso del
proceso electoral, elegir y ser elegido, decidir con su voto el proyecto político
y a quienes nos representen.
La democracia es forma de vida, estilo de vida, que se nutre
y ejercita con la acción responsable en las tareas y funciones que se
nos asignan y que asumimos con libertad y decisión de coadyuvar para
el bien común. Pero esta tarea exige compromisos y enmarcarse en el Estado
de Derecho, en el respeto a las instituciones y en el desarrollo de la organización
social, en sus diversas manifestaciones, que respondan al desarrollo del sector
profesional o poblacional, donde nos toque actuar.
Y en este proceso electoral que hemos vivido, se han constatado
una serie de fallas, que han hecho dudar, que han cuestionado y que hoy confrontan
en primer lugar al Estado de Derecho, a la corrupción y a la impunidad
que se ha manifestado de diversas maneras, en el uso ilegítimo e irregular
de los recursos económicos de los medios de comunicación y de
las propias instituciones, para intereses personales o grupales; se ha abusado
y trastocado el derecho de terceros, mediante la provocación, lesionando
derechos y libertades fundamentales.
Se ha violentado la ley, se ha violentado el derecho de las
personas, se ha violentado el derecho al voto, se han violentado las instituciones,
en fin, ha sido un proceso electoral que lejos de permitir avanzar y mejorar
la democracia, la ha afectado, la ha obstaculizado y nuevamente la pone en cuestionamiento,
lo que dificulta avanzar en la concordia, en la unidad y solidaridad del pueblo
mexicano.
Al mismo tiempo, se plantea la exigencia de la reconciliación
nacional, para superar las enormes carencias del pueblo mexicano, en especial
la brecha que se abre cada vez más, entre la opulencia y la miseria,
entre la extrema pobreza y el privilegio de unos cuantos que tienen y concentran
todo; esto nos exige trabajar más por la distribución equitativa
de la riqueza y por la justicia social.
El grave desempleo que expulsa gran número de mexicanos
al exterior, con graves peligros y consecuencias para la familia y la sociedad,
exige revisar las políticas económicas y el mejor aprovechamiento
de nuestros recursos naturales y nuestra capacidad como pueblo; los graves problemas
en la seguridad social, de seguridad personal y nacional, de vivienda, de educación
y de servicios, agravada con las consecuencias que provocan estas situaciones,
como el narcotráfico, la delincuencia, la prostitución y otros
males que aquejan al país y a la población mexicana, nos obligan
al trabajo común, al entendimiento y a reconstruir nuestra identidad
y destino como nación.
Actualmente tenemos desafíos y retos graves, unos que
vienen del exterior, como el modelo económico neoliberal, instrumentalizado
hoy por la globalización, cuyo objetivo es la concentración de
la riqueza en pocas manos, sin importar las consecuencias para las mayorías
populares; otros que son internos, como las políticas sociolaborales
y aquéllas que tratan de privatizar nuestros recursos estratégicos
y otros más que provienen del interior mismo del Movimiento de los trabajadores,
como la corrupción, el burocratismo y aun los esquemas corporatistas
que lesionan los derechos a la libertad y autonomía sindical.
La lucha por la soberanía e integridad nacional, el
rescate de sus bienes, la defensa de sus fuentes de riqueza, de sus industrias
político-estratégicas, en fin, el desarrollo integral del país,
exigen revisar el proyecto político de nación que necesitamos
y queremos los mexicanos, donde no haya más explotación, injusticia
y desigualdad, como respuesta a tantas luchas, esfuerzos, sacrificios de muchas
generaciones, para ofrecer a nuestro pueblo una nación y una patria justa
y solidaria, donde se pueda promover y desarrollar integralmente la persona
humana.
El revanchismo, el miedo, el odio, la lucha entre los mexicanos,
la división interna y el grave peligro que hoy afrontamos por situaciones
desestabilizadoras, por actitudes soberbias y comportamientos sectarios, deben
erradicarse de una manera profunda, asumiendo compromisos de civilidad, de respeto
a la ley y de compromiso por la construcción y reconstrucción
de instituciones, que permitan avanzar en la democratización de México,
sus organizaciones e instituciones.
Que el análisis, la reflexión, la evaluación
de todo nuestro quehacer en este ámbito de participación ciudadana,
que es uno de los más importantes de la vida democrática del país,
nos permita asumir las fallas y aciertos, los problemas y contradicciones, las
actitudes y comportamientos de muchos de los actores políticos, unos
que han favorecido y otros que han obstaculizado el avance democrático,
para superarlo.
Nos corresponde a todos los que asumimos la democracia como
sistema político de organización social de gobierno y de estado,
aprender la lección y seguir luchando, ya que la democracia es siempre
perfectible y se construye con más y mejor democracia, con más
y mejor participación personal, social y política.
* Director del CENPROS
LOS ATAQUES DEL REGIMEN AL SINDICATO MINERO METALURGICO
Y LAS DEBILIDADES DEL MOVIMIENTO SINDICAL
J. Santos Martínez Cruz *
La política laboral del gobierno se ha significado
por sus actuaciones a favor de los grandes empresarios, nacionales y extranjeros,
y en contra de los trabajadores (marginando, manipulando, y cuando es necesario,
golpeando a sus organizaciones sindicales). No es una novedad hacer este reconocimiento:
investigadores, líderes sindicales, ONGs, medios de comunicación,
y principalmente miles trabajadores, han dejado testimonio y sufren en carne
propia, los estragos de la indiferencia gubernamental para desarrollar políticas
que equilibren los factores de la producción.
A lo largo del sexenio, ha sido permanente la confrontación
de algunos sindicatos con el gobierno; desde su inicio, por las intenciones
de reformar la Ley Federal del Trabajo y privatizar el sector energético;
al final, por su actuación al margen de la ley al intervenir en la vida
interna de los sindicatos: violando el derecho de autonomía y las disposiciones
estatutarias en el Congreso del Trabajo, al reconocer ilegalmente a Víctor
Flores, líder ferrocarrilero, como presidente de esta organización;
y en el Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos y Similares
de la República Mexicana, desconociendo, también de manera ilegal,
a Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del sindicato
y dándole el apoyo legal a Elías Morales para ocupar el cargo.
El conflicto del gobierno y los empresarios del ramo con el
sindicato minero es relevante. El accidente en la mina de Pasta de Conchos,
donde perdieron la vida 65 trabajadores mineros, fue un catalizador que dejó
al descubierto todo un entramado de hechos contradictorios y vergonzantes: muertes
y represión, demagogia, relaciones de corrupción y negligencia
en la seguridad laboral, procesos judiciales sostenidos con criterios políticos,
manipulación de la Ley a favor de los intereses de los empresarios minero
metalúrgicos; y muchas otras historias tenebrosas que han ocasionado
severos daños al bienestar de los trabajadores y de amplios sectores
de la población que dependen de este sector de la economía, al
erario público y a la economía nacional. Un saldo negativo para
la nación que requiere de una amplia explicación para todos los
mexicanos.
El gobierno, para golpear al sindicato, ha esgrimido razones jurídicas
y políticas insostenibles, tan es así que sus demandas en contra
del líder minero no han prosperado, la decisión misma de concederle
la toma de nota a Elías Morales no resiste la prueba de
la Ley; las recientes movilizaciones, paros y huelgas de los trabajadores mineros
por sus revisiones contractuales y de apoyo a Napoleón Gómez Urrutia
muestran que la mayoría de los trabajadores no avala esa decisión.
El gobierno y la Secretaria de Trabajo están entrampados en el conflicto
que se extiende ya por más de nueve meses; no tienen las posibilidades
de demostrar que la mayoría de los trabajadores desean la sustitución
de Napoleón; las mismas indagatorias judiciales por la acusación
de corrupción en el caso de los 55 millones de dólares que se
tenían que entregar a los trabajadores producto del acuerdo para la privatización
de las minas Compañía Mexicana de Cobre de Nacozari en 1998, y
Compañía Mexicana de Cananea en 1990, están plagadas de
contradicciones y sin resultados concretos que demuestran claramente el delito
que se le imputa.
Los dueños de las grandes empresas mineras y metalúrgicas,
no están dispuestos a dar marcha atrás en sus intenciones de deshacerse
de la representación sindical de Gómez Urrutia y de la de dirigentes
de algunas secciones sindicales que se han distinguido por su lealtad al sindicato
y a los trabajadores, con quienes han tenido muchas diferencias y conflictos
en las relaciones laborales porque no terminan de ajustarse a la aplicación
plena de su ideario neoliberal de flexibilización y nueva cultura
laboral.
La intransigencia de los empresarios, la complicidad, el autoritarismo
y la miopía política del gobierno los ha llevado a hacer una aplicación
distorsionada de la ley y a violar al derecho constitucional de la autonomía
sindical, y han terminado por expandir el conflicto a otros sectores del movimiento
sindical, quienes en respuesta a estas medidas constituyeron el Frente Nacional
de Unidad en defensa de la Autonomía Sindical (FNUAS), y desplegado una
amplia campaña de defensa del sindicato minero y su líder, que
ya rebasa las fronteras nacionales con las manifestaciones solidarias de poderosas
organizaciones sindicales internacionales como los sindicatos del acero de Estados
Unidos y Canadá, quienes han brindado todo su apoyo y cobertura a Gómez
Urrutia.
Es evidente que la solución al conflicto se ha complicado.
El gobierno seguirá insistiendo en la vía judicial, mantiene abiertos
los expedientes en la Procuraduría General de la República por
la acusación de corrupción y enriquecimiento ilícito y
lavado de dinero en contra de Gómez Urrutia y sus más cercanos
colaboradores, y trabajan en la preparación del expediente para solicitar
al gobierno de Canadá la extradición de Napoleón para que
comparezca ante las autoridades mexicanas por las acusaciones de que es sujeto.
La Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) mantiene su decisión
de destituirlo del cargo, hasta hoy se ha negado a reconocer la validés
de dos convenciones nacionales del sindicato minero donde se ha ratificado el
liderazgo de Napoleón Gómez Urrutia, bajo el argumento de que
dichos eventos no se apegaron al marco estatutario. La Secretaria de Gobernación,
a pesar de que abrió una mesa de negociación con los actores involucrados
en el conflicto y que sugirió al sindicato que nombrara un secretario
general sustituto de Napoleón para que la STPS les diera el reconocimiento
legal, tampoco se ha comprometido a ejercer sus oficios en dicha
La dinámica de confrontación política
generada por la coyuntura electoral nacional es un obstáculo para resolver
de fondo el diferendo. El Secretario de Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz,
a quién la tragedia de Pasta de Conchos lo exhibió más
como un representante de recursos humanos de la industria minera que como un
secretario de Estado, ha quedado imposibilitado como interlocutor con el sindicato
minero y con el conjunto de organizaciones que se han manifestado por la violación
de la autonomía sindical, y ahora también por su destitución;
la Presidencia de la República y la Secretaria de Gobernación,
inmersos en la vorágine postelectoral, el conflicto en el Estado de Oaxaca
y la recta final del sexenio, sin dar marcha atrás en su posición
antisindical, han optado por dejarlo en el limbo político, confiando
en que, tarde o temprano, los procesos judiciales rindan los frutos que esperan
para legalizar la ilegal destitución del líder minero.
Hasta ahora, las acciones de resistencia emprendidas por los
trabajadores en algunas secciones del sindicato, en particular la de la siderúrgica
Lázaro Cárdenas, en Michoacán, las de la mina de cobre
La Caridad, en Nacozari, y en la mina de Cal en Agua Prieta en
el Estado de Sonora, fueron duramente enfrentadas por el gobierno y los empresarios:
en Lázaro Cárdenas provocaron la toma de las instalaciones siderúrgicas,
movilizaciones y enfrentamientos con la policía, el saldo: dos muertos,
pérdidas millonarias por el paro de producción y por los daños
materiales causados por el enfrentamiento violento entre trabajadores y policías,
cuando éstos intentaron tomar por la fuerza las instalaciones de la planta
siderúrgica que los trabajadores mantenían en su poder; los acuerdos
firmados para poner fin al conflicto, no fueron del todo satisfactorios para
los trabajadores, en lo referente a la demanda de reconocimiento legal de Napoleón
Gómez Urrutia como secretario general del Sindicato Nacional, no tuvieron
éxito.
Las huelgas en las minas de Cobre y de Cal, en el Estado de Sonora, tienen un
final dramático para los trabajadores, aunque los mineros lograron que
se cancelaran todas las demandas judiciales en contra de los representantes
sindicales, no pudieron impedir que la empresa los despidiera a todos, teniendo
que aceptar la liquidación, y el compromiso de recontratación
de la mayoría de los trabajadores (lo más probable es que muchos
no sean contratados de nueva cuenta, considerando que la empresa ahora tiene
la posibilidad de excluir a los que considera puedan ser un obstáculo
en sus planes productivos y de explotación). De la demanda de reconocimiento
del dirigente nacional, nada.
Con todas las contradicciones que gravitan en torno a este
conflicto, es posible que la solución al reconocimiento legal de la personalidad
jurídica del comité ejecutivo nacional se dé este mismo
año, dado que la propuesta de que el sindicato nombre a un secretario
general sustituto, hecha por la Secretaria de Gobernación ya ha sido
aceptada por la parte sindical y que, en la medida en que el gobierno de Vicente
Fox avance en la entrega de la estafeta al próximo Presidente, muchos
de los expedientes abiertos, entre ellos el del sindicato minero, pueden ser
negociados para disminuir los efectos de presión política para
la nueva administración gubernamental.
Sin embargo, se dé o no la solución en lo que
resta del año, el conflicto dejó al descubierto muchas de las
carencias que han provocado que el sindicato se encuentre en una verdadera crisis.
Si no fuera así, ¿cómo explicarnos el que una acción
ilegal del gobierno los haya puesto contra la pared con el desconocimiento de
su personalidad jurídica? Es evidente que las normas estatutarias establecidas
para el funcionamiento óptimo de la estructura organizativa, el ejercicio
pleno de los derechos y obligaciones de los afiliados y la designación
de las responsabilidades de los representantes, son cada vez menos tomadas en
cuenta, lo que trae como consecuencia que asuntos delicados y de sumo interés,
como el de las cuotas sindicales y recursos financieros de la organización
(que deberían pertenecer a todos los trabajadores) se manejen de manera
discrecional y sin controles transparentes de fiscalización, lo que facilita
que sean utilizados para beneficios personales de algunos dirigentes; este alejamiento
de las normas estatutaria también se refleja en la limitación
de los cauces para la participación activa y democrática de los
trabajadores en la toma de decisiones, lo que ha provocado división,
desencanto y apatía entre la base trabajadora, ¿ O cómo
interpretar el hecho de que la mayoría de secciones sindicales no se
hayan movilizado en una acción contundente en contra de la violación
a su autonomía sindical?.
Las debilidades que hoy nos muestra el Sindicato Nacional de
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República
Mexicana, no son sólo privativas de este sindicato, el conjunto del movimiento
sindical está atrapado en su propia incapacidad para renovarse; la proliferación
de líderes espurios, la corrupción, los contratos
de protección, la ausencia de conciencia sindicalista entre los trabajadores
y el pragmatismo de las direcciones legitimas, se han convertido en verdaderos
obstáculos, en la urgente necesidad de unidad y acción que requiere
el movimiento sindical para recuperar su papel central en la defensa de los
intereses de los trabajadores, pero también como el elemento de poder
social que requiere el pueblo de México para reencausar la política
y las políticas de Estado en la perspectiva del desarrollo, que hagan
de nuestra Nación un espacio donde la vida digna para todos los mexicanos
sea posible.
* Colaborador del CENPROS
EL PROCESO ELECTORAL EN EL SNTSS
Pedro S. Villegas Rojas *
El Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social
(SNTSS), después del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), es el sindicato más grande de México que agrupa a más
de 300 mil trabajadores del Instituto, entre doctores, enfermeras y personal
administrativo. En gran parte por ello, lo que acontece en el mismo repercute
inmediatamente, no solamente en el ámbito laboral sino en lo político-social.
Así sucedió en 1995 cuando se reformó
la Ley del Seguro Social que vino a afectar a todos los trabajadores de la iniciativa
privada, en especial a los de nuevo ingreso. En ese mismo año, junto
con otros sindicatos como el de los telefonistas, dejó de militar en
el Congreso del Trabajo (CT) y en 1997, fue de las organizaciones fundadoras
de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
En agosto de 2004 enfrentó el problema de la reforma,
por parte del Congreso de la Unión, de los artículos 277 D y 286
K de la Ley del Seguro Social, que más tarde fue convalidada vía
las modificaciones al Régimen de Jubilaciones y Pensiones de su Contrato
Colectivo de Trabajo en octubre de 2005.
Ahora en este año, se encuentra en una crisis intersindical,
derivada de las elecciones de su nueva dirigencia.
Por la información que ha salido en los medios y la
proporcionada por compañeros militantes de este sindicato, se constata
que hay una falta de unidad en este momento en el Sindicato, situación
que quedó evidenciada por dos acontecimientos:
La suscripción de un pacto de unidad
y la elección de un candidato de unidad, que después
fue incumplido, cuestionado e impugnado por cuatro exmiembros del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN).
La irrupción en la sede del sindicato de un ex
presidente de la Comisión de Honor y Justicia, que fuera destituido
en el año 2004 y repuesto en sus funciones por un laudo laboral.
Estos dos acontecimientos, al darse en el proceso de sucesión
de la dirigencia del SNTSS, que culminó con el XLV Congreso Ordinario
del pasado 12 de octubre, tuvieron serias repercusiones, pues se llevó
a cabo con un Comité Ejecutivo Nacional fracturado, un proceso impugnado
y el enfrentamiento entre dos grupos.
Proceso electoral
El descontento y división tuvo su origen desde el pasado
2 de agosto, cuando en la estatutaria reunión nacional mensual se congregaron
los 37 secretarios seccionales y los 19 integrantes del CEN. En dicha reunión
se acordó suscribir un pacto de unidad, donde por voluntad propia,
todos los ahí presentes estuvieron de acuerdo en firmar el documento,
incluidos los ahora inconformes, y que tenía como objetivo comprometer
a los 56 miembros de la conducción del sindicato nacional y seccionales
a la unidad para garantizar la defensa de los valores esenciales del
sindicalismo que ampara y tutela la Constitución General de la República
como son: la autonomía sindical, el derecho de huelga y la contratación
colectiva; asimismo el de forjar una dirigencia incluyente, alejada
de toda pretensión de hacer del SNTSS y de sus activos históricos,
políticos, sociales y materiales, botín de unos cuantos o factor
de disputa fraticida. Pacto que ciertamente no contemplaba el apoyo incondicional
al ganador de la candidatura a ocupar la secretaria general, como lo argumentaron
los inconformes, pero que sin embargo, presumía el compromiso de ir en
unidad a la elección del nuevo Secretario General del SNTSS.
En esa misma reunión, Valdemar Gutiérrez Fragoso,
Joaquín Castillo González, María Esther Pérez Barragán,
Federico Arellano Parra y Miguel Ángel Van Dick Puga, es decir cinco
de los diecinueve miembros del CEN, se postularon como aspirantes a ser candidatos
para ocupar la Secretaria General del SNTSS, resultando electo como candidato
de unidad, Valdemar Gutiérrez Fragoso, después de la votación
de los 37 secretarios seccionales.
Pese a que en la elección del llamado candidato
de unidad no hubo mayor problema, el 10 de agosto se conformó
el grupo de los diez", con el objetivo de disputarle a Valdemar
Gutiérrez Fragoso la secretaría general del SNTSS, desconociéndose
de hecho, el pacto de unidad. En este grupo participaron Maria Esther Pérez
Barragán, Secretaria de Actas y Acuerdos; Eduardo Pérez Saucedo,
Secretario del Exterior (quien ha sido el más activo en los actos de
inconformidad e impugnación); Miguel Ángel Van Dick, Secretario
de Capacitación y Adiestramiento y Joaquín Castillo González,
Secretario de Previsión Social, quien fue alentado para competir como
candidato, incluso antes de la conformación del grupo, por considerar
que contaría con apoyos financieros para hacer campaña por todo
el país, apoyos que no se dieron; todos ellos miembros del CEN.
De dicho grupo se desprendió la Coalición
Democrática, lanzando como candidatos para la secretaria general
del SNTSS, no sólo a Joaquín Castillo, sino además a Miguel
Ángel Van Dick y a María Esther Pérez Barragán,
quien más tarde se deslindó del grupo y declinó competir
como candidata, aunque siguió participando en las acciones de inconformidad.
Se puede concluir que las tres candidaturas se dieron como estrategia para realizar
campaña por diferentes estados de la República, con el fin de
que el candidato de la Coalición que obtuviera mayor número de
delegados iba a ser respaldado por los otros dos al declinar su candidatura
y sus votos a su favor.
Por otro lado, Nemesio Soberanes, originario de Guerrero, surgió
como el quinto candidato, pero de manera independiente, quien antes del XLV
Congreso fue descartado, pues no fue votado como delegado de su estado para
participar en el Congreso del SNTSS.
Cabe destacar que los cuatro candidatos que le disputaron la
secretaria general a Valdemar Gutiérrez Fragoso, tenían como coincidencia
que sus principales propuesta eran una renovación estatuaria, una mejora
en las relaciones con los agremiados y con las autoridades del IMSS, curiosamente
las mismas promesas de cada cuatrienio.
Adicionalmente, a este escenario tan conflictivo, se sumó
la presencia de Armando Ovalle Zavala, quien fuera destituido en el Consejo
Extraordinario que tuvo lugar el 6 de octubre de 2004, como integrante de la
Comisión de Honor y Justicia del SNTSS, presentando una resolución
para ser reinstalado en su cartera, que para el caso de que fuera ejecutada,
a lo más que podía aspirar es que se le restituyeran sus derechos
sindicales y desde luego económicos, obligando al SNTSS a restituirlo
en la cartera que ocupaba, pero sin mayor atribución como para decidir
el desconocimiento de la anterior dirigencia sindical, pues esa faculta solamente
le pertenece a un Congreso.
En fin, a pesar de un proceso electoral con todos estos incidentes,
pugnas y hasta choques entre el secretario general saliente, Roberto Vega Galina,
que sin duda favoreció a la candidatura de Valdemar Gutiérrez
Fragoso y los de la Coalición Democrática, que denunciaron ese
apoyo, se llevó a cabo el XLV Congreso Ordinario del SNTSS en la Ciudad
de Morelia, Michoacán, el pasado 12 de octubre, en el que resultó
electo Secretario General del SNTSS, Valdemar Gutiérrez Fragoso, para
el periodo 2006-2010 y que inició a partir del 15 de octubre; contó
con la participación de 818 delegados y los 87 titulares de las carteras
que componen el CEN, dando un total de 905 congresistas; sin embargo el Congreso
se llevó a cabo en un marco de crispación y violencia por parte
de los candidatos opositores.
Algunas reflexiones
La disidencia, que impugnó y denunció el apoyo
de Vega Galina a Valdemar Gutiérrez, solicitó a la Secretaria
del Trabajo y Previsión Social (STPS), para que ésta, a petición
de parte, calificara el proceso electoral (una intervención como la solicitada
originó el conflicto que hasta ahora enfrentan los trabajadores mineros);
también le solicitaron una toma de nota provisional para
detener la celebración del XLV Congreso Ordinario del SNTSS, situación
que no se encuentra contemplada en la Ley Federal del Trabajo, cayendo con tal
medida en el absurdo y en la incongruencia, pues mientras la mayoría
de las organizaciones sindicales que se dicen democráticas exigen la
plena autonomía y libertad sindical, es decir la no intervención
del Estado en la vida interna del Sindicato, exigencia que el mismo SNTSS ha
planteado. Ahora resulta que parte de la dirigencia pide a la STPS su intervención
en el seno de la organización, con una solicitud a todas luces plagada
de falta de derecho, pues es precisamente -independientemente de si está
amañado, manipulado o es antidemocrático- el Congreso el que determina
el destino de la organización, a través de la elección
de sus dirigentes; en la inteligencia de que la participación democrática
del sindicato se logra a través de generar la conciencia critica y política
de los sindicalizados y no en las promesas de campaña en torno de un
proceso electoral.
Por tanto, no se podrá justificar la negativa de otorgarle
a la nueva directiva del SNTSS la toma de nota, al menos que los inconformes
soporten sus argumentos con pruebas contundentes y no con actos violentos, que
lo único que propician es que los medios de comunicación,
la institución como patrón, e incluso el aparato del Estado, tengan
más materia prima para desprestigiar al SNTSS y al movimiento sindical
en su conjunto.
En suma, tengan o no la razón los inconformes de este
proceso electoral, no se justifica que a través de hechos violentos quieran
democratizar a la organización, pasando por alto la voluntad
de la mayoría de los delegados que asistieron al XLV Congreso Ordinario
del SNTSS. Pero en fin, cada cuatro años, en estas mismas fechas, algo
novedoso ocurre con el SNTSS y no precisamente alentador, por lo que confiamos
en que un Sindicato tan importante de nuestro país como es éste,
por el número de sus agremiados y por estar en un sector estratégico
del país, podrá salir adelante de esta crisis intersindical, pues
el nuevo Comité Ejecutivo del SNTSS, empezando por su Secretario General,
tienen como desafío el de lograr la unidad del sindicato, a través
de ganarse la confianza del conjunto de los sindicalizados.
* Colaborador del CENPROS
REALIDAD SOCIO ECONÓMICA Y SOCIO POLÍTICA
REGIONAL
Confederación Centroamerina de Trabajadores (CCT)
Los dirigentes del Comité Ejecutivo de la Confederación
Centroamericana de Trabajadores, CCT, en cumplimiento del Plan de Trabajo del
año, se reunieron en Ciudad de México los días 18 y 19
de septiembre de 2006, y concluyen:
Con un agradecimiento especial a la Coordinadora Mexicana
de Trabajadores, CMT, y sus organizaciones que la conforman; así
como al Centro Nacional de Promoción social, CENPROS y de manera
particular a los compañeros Alfredo Beltrán y José
Merced González (Coordinador CMT y Director del CENPROS), respectivamente,
por su SOLIDARIDAD MILITANTE E INCONDICIONAL, durante la estadía
en las fechas indicadas.
La presencia de la dirigencia del Comité Ejecutivo
de la CCT en México, es la expresión integradora y solidaria
para con las hermanas(os) de la CMT y del CENPROS.
El análisis socioeconómico y socio político
desde México hasta Panamá, determina que los problemas políticos,
sociales, económicos, culturales, éticos y morales, son similares,
con los efectos y consecuencias perversas para las mayorías, especialmente
para la clase trabajadora de la región.
En lo político, el Sistema de partidos, ha sido
copado (financiado) por el sector económico, lo que ha dado lugar
a que los gobiernos nacionales, a través de los tres poderes del
Estado, respondan y privilegien los intereses de quienes los financian (minorías
del sector económico).
En lo social, expresan su preocupación e indignación
que la DEUDA SOCIAL (salud, educación, vivienda, empleo, recreación,
etc.) no se pague, a pesar que constituye la plataforma histórica
que enarbolan los partidos políticos durante las campañas
electorales.
Manifiestan su condena y rechazo a las prácticas
generalizadas de IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN que se incrementan al interior
de la sociedad centroamericana, especialmente la mentira de que hacen gala
los funcionarios dentro de los tres poderes del Estado.
Es preocupante el incremento del consumo de drogas en
el Mercado de los Estados Unidos, sin que se conozcan las políticas
de gobierno para impedirlo y que es lo que estimula la producción,
trasiego, distribución, consumo y delincuencia en los países
de la región.
Resaltan su preocupación porque a pesar que en
teoría existe Libertad Sindical y Negociación Colectiva en
la región, en la práctica NO EXISTE, y da lugar a suponer
que hay Políticas de Estado no expresas, para desregular, criminalizar,
satanizar y eliminar la Libertad Sindical.
En este mismo marco de las políticas de Estado
no expresas, se constata y condena la ingerencia gubernamental en la vida
interna de los sindicatos.
Reiteran su preocupación de los efectos y consecuencias
funestas, que para las mayorías tiene, la implementación del
TLC (DR-CAFTA) en la región (emigrantes, campesinos, micro, pequeña
y mediana empresa).
Ven con optimismo la posibilidad de que se llegue a
suscribir un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea
y Centroamérica, superando el marco y experiencia sufrida con la
suscripción del TLC con los Estados Unidos.
Ratifican que el optimismo manifestado, no debe confundirse
con la responsabilidad y deber de defender los intereses de las mayorías
y de los trabajadores en particular, durante el proceso de negociación.
En el marco de la Unidad e Integración de la
clase trabajadora, saludan la constitución de la próxima Confederación
Sindical Internacional, y hacen votos porque en las américas (Latina,
Caribe y Norte), se encuentre el mejor mecanismo de UNIDAD DE ACCIÓN
que represente los intereses de las y los trabajadores de este Continente.
México, 19 de septiembre de 2006.
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