EDITORIAL



Apostemos a la democracia, la legalidad y el respeto

El 2 de julio del presente año, la ciudadanía
mexicana dio una lección de civilidad, participación y responsabilidad,
sin soslayar el aun alto índice de abstención, al acudir a las
urnas a depositar su voto para la renovación del Poder Ejecutivo Federal,
del Congreso de la Unión, las gubernaturas de Jalisco, Guanajuato, Morelos
y el Jefe del Distrito Federal, además de elecciones en algunos estados,
para Congresos Estatales y Presidencias Municipales, a pesar de una agresiva
campaña de descalificaciones, calumnias, provocaciones y en especial,
la propaganda de miedo, de odio, de temor ante un posible gobierno de López
Obrador.

La ciudadanía cumplió, pero el proceso se vio
empañado por la actitud y comportamiento de funcionarios del IFE, en
especial de su Presidente, que no estuvo a la altura de las exigencias que dichas
elecciones y la ciudadanía, le demandaban, dada su importancia para la
vida política del país y por tipo de campaña descalificadora
que se dio.

El proceso de conteo de los votos fue puesto en duda por diversos
sectores y desde luego por actores políticos, que percibieron cierta
manipulación en la forma como se realizaba el proceso técnico.
El resultado del Programa de Resultados Preliminares -PREP-, fue cuestionado
seriamente por diversas instituciones que técnicamente confrontaron al
mismo, provocando confusión. Confusión que aumentó con
la información dada por el Presidente de esta institución, a las
11 p.m., señalando que las tendencias de los dos punteros en la votación,
no permitían señalar a alguno de ellos con mayoría, difiriendo
el resultado hasta el miércoles 5, en que se realizaría el conteo
en los distritos electorales.

Al darse así la información dio pie para que
los dos candidatos, con mayor votación en la contienda, se declararan
vencedores y que se iniciara una reacción de una gran parte de la ciudadanía,
por la forma en que se había manejado el proceso de conteo y la forma
en que el Presidente del IFE, prácticamente declaró vencedor al
finalizar el conteo, a Felipe Calderón, cuando el proceso aun no terminaba.
Esto exacerbó los ánimos, principalmente del candidato y los partidos
de la coalición Por el Bien de Todos, que de inmediato plantearon la
impugnación y el recuento de los votos.

Conforme han pasado los días, la opinión pública
se ha visto enfrentada a numerosas declaraciones y estudios de técnicos,
sobre la actitud y comportamiento de funcionarios del IFE y sobre la participación
en el proceso, de actores políticos y de otros sectores, que violentaron
la legalidad, la equidad, la imparcialidad y la objetividad. Es así que
encontramos a gran parte de la población nuevamente confrontada con las
instituciones y exigiendo que haya la transparencia y el respeto a su voto,
para volver

a creer y sentir, que los esfuerzos por la democratización del país,
no han sido en vano.

Es el momento de mostrar madurez para manifestarse de manera
especial, ante opiniones que hoy peligrosamente nos hablan de que, como el resultado
del proceso electoral, hay un México dividido: los buenos y los malos,
los ricos y los pobres, los violentos y los pacíficos, los de un color
partidista y otro, etc., pues la mexicanidad se da en todos los rincones de
nuestro suelo patrio y no podemos regatear, ni dar un paso atrás en las
conquistas logradas por muchos, que han ofrendado su vida para lograr la democratización
del país, el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales, para
avanzar en el desarrollo con justicia social.

Efectivamente, hay diversas anomalías probadas, pero
debemos esperar a que el Tribunal, que se ha dado el pueblo mexicano para que
califique este proceso electoral, emita la decisión sobre los resultados
del mismo. A todos nos toca, coadyuvar y trabajar para que esta democracia que
estamos construyendo, no quede sólo en el ámbito electoral, sino
que se proyecte en lo social, lo económico, lo cultural y sobre todo,
que reivindique a la política, cuyo objetivo es trabajar por el bien
de los demás.

A eso apostamos, y ese fue el resultado de las elecciones,
continuar el proceso de democratización, tanto del Estado como de sus
instituciones y organizaciones, en donde cada uno de nosotros estamos insertos,
dada nuestra condición de mexicanos.

EL PROCESO ELECTORAL 2006
¿Avance o retroceso?

Después de una larga y costosa precampaña, en
la que se conjugaron factores que obstaculizaron el desempeño del gobierno
de la transición, se dieron los movimientos políticos en función
de las elecciones del 2006; con actuaciones que permitían configurar
posiciones y actitudes para mantener una política que finalmente era
de continuidad de los últimos regímenes del PRI. En su momento
tomaron la decisión los partidos políticos, para determinar su
participación y sus candidatos, tanto para el Poder Ejecutivo, la renovación
del Congreso de la Unión, los gobiernos estatales de Jalisco, Guanajuato
y Morelos, así como el Distrito Federal, además de renovación
de Congresos Estatales y algunos municipios.

Luego vino la campaña igualmente larga, costosa, en
donde prevaleció la calumnia, la difamación, la descalificación
y sobre todo, con un nuevo elemento que fue el del temor y el miedo, que aunque
ya había aparecido en la campaña después del asesinato
de Luis Donaldo Colosio, y el surgimiento del EZLN, ahora reapareció
con otros signos que impactaron gravemente el sentir de los mexicanos.

La lucha interna en los partidos políticos para elegir
a sus abanderados fue igualmente sucia en la mayoría de los casos. En
el PRI, la confrontación entre el Presidente del partido y los gobernadores
reagrupados en el TUCOM, planteando un debate que culminó al presentar
un candidato de este reagrupamiento, para enfrentarlo al Presidente del PRI
y cuyo resultado, por el tipo de campaña lanzada contra Arturo Montiel,
fue la decisión de éste, de renunciar a su candidatura y dejar
libre el camino a Roberto Madrazo. Esta candidatura de inmediato fue rechazada
por gran parte de la estructura priísta y de sus bases, en varios estados
de la República. Se buscó la alianza con el Partido Verde para
juntos lanzarlo como candidato de la Alianza por México.




En el PAN, la lucha interna dada entre Santiago Creel, Alberto Cárdenas
y Felipe Calderón, con apoyos diversos dentro del gobierno, sector empresarial
y de la propia estructura partidista y en contra de gran parte de quienes creían
que por el apoyo de la estructura gubernamental, el resultado sería a
favor de Santiago Creel o de Alberto Cárdenas; finalmente el Consejo
del PAN decidió que su candidato sería Felipe Calderón.
Esto desde luego, creó una serie de discrepancias y conflictos al interior
del PAN y funda-mentalmente con el Presidente de la República, que le
había reclamado seriamente el haberse adelantado en el lanzamiento para
esta candidatura, hecho que obligó a Calderón a renunciar a su
puesto en el gabinete.

En el PRD, la lucha fue igualmente difícil, primero
por la insistencia de algunos grupos para que Cuauhtémoc Cárdenas
asumiera la candidatura y la presión de diversas fuerzas afines al PRD,
impulsando a Andrés Manuel López Obrador, quien había manifestado
que se le diera “por muerto”; después, tuvo que enfrentar
un proceso de desafuero orquestado por sus adversarios políticos (PAN,
PRI y Presidencia de la República) para dejarlo fuera de la contienda.
Finalmente, en elección abierta, se impuso mayoritariamente, para ser
el candidato del PRD; posteriormente lo asumieron el Partido del Trabajo y Convergencia,
por lo que se convirtió en el candidato de la coalición Por
el Bien de Todos.

Respecto al Partido Social Demócrata y Campesino, de
nueva constitución, tuvo grandes problemas para seleccionar a su candidato,
por la lucha interna entre las corrientes: unas apoyando a Victor González
Torres, “el Dr. Simi” y otros apoyando a Patricia Mercado, lo cual
dividió al partido; el hecho se denunció ante las autoridades
electorales y finalmente el órgano electoral, reconoció el registro
del grupo en que esta última era su candidata. A pesar de ello el “Dr.
Simi” persistió en su candidatura como candidato no registrado.

El partido de nueva creación Nueva Alianza, de hecho
no tuvo estos problemas internos, pues hubo una designación vertical,
presentando a Roberto Campa como su abanderado.

Desarrollo de las campañas

Fue en este marco de conflictos interpartidistas, de lucha
de poder interno, en el que se inician formalmente las campañas electorales
para renovar la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión
y las gubernaturas antes mencionadas, así como elecciones locales en
estados y municipios, pudiendo señalar las siguientes constantes:

1. 
   
   Una campaña mediática, con muchos recursos
   financieros de por medio, donde predominaron principalmente la radio y la
   televisión y el juego y manipuleo de encuestas de opinión.
   Cabe mencionar que los medios carecieron de ética y objetividad,
   respondiendo más al aspecto económico que esto les significaba
   y por consecuencia divulgaron todo lo que se les proporcionó, incluyendo
   “spots basura”, denigrantes, de miedo, de odio, etc., lejos
   de responder a la misión de información objetiva, de orientación
   y de formación de la conciencia ciudadana.
   
   
   
   
   


2. 
   
   Otra constante fue la falta de mensaje, la carencia
   de propuestas concretas; cada uno de los candidatos mencionó un proyecto,
   pero un proyecto que finalmente hablaba del qué, pero no del cómo,
   ni con qué; mucha demagogia, muchas promesas que a todas luces se
   presentaban como inviables, pues siempre predominó el yo… yo…,
   el yo prometo, el yo voy a hacer, el yo voy a cambiar, el yo voy a dar,
   etc. etc., sin tomar en cuenta que vivimos en un Estado republicano, federal
   con tres poderes, que tienen a su cargo las grandes decisiones para orientar
   el país.
   
   
   
   
   


3. 
   
   El gran debate de los dos proyectos, uno del PAN y el
   otro de la coalición Por el Bien de Todos, fue el catalizador, sobre
   todo en la última etapa de la campaña, en que ambos candidatos
   trataron de descalificar al contrario. Se generalizaron los contenidos en
   uno y otro, y de una manera simplista se presentaron como un proyecto de
   la derecha y un proyecto de la izquierda; uno por la paz, la concordia,
   la prosperidad y en contra de la desestabilización el desempleo y
   la crisis, etc. etc.; otro, como un proyecto alternativo de Nación,
   el de los pobres, contra los especuladores y contra quienes se han aprovechado
   inmoralmente de los recursos, etc. etc.
   
   
   

Un factor que jugó un rol importante fueron los debates
entre los candidatos: el primero sin la presencia de López Obrador, lo
cual le disminuyó fuerza y opción al mismo y el segundo en el
que, dado el formato tan rígido que tuvieron, difícilmente se
pudo apreciar la dimensión de los programas y proyecto de cada candidato.
Como resultado del primero, surgen las denuncias por cuestiones fiscales contra
Roberto Madrazo y en el segundo, la denuncia contra el cuñado de Felipe
Calderón, por cuestiones de tráfico de influencias, en contratos
precisamente relacionados con los software y programas del IFE; estas denuncias
dieron la pauta y proporcionaron los temas que estarían en el debate
en los días siguientes, lo que ciertamente dañó a los respectivos
candidatos.

Este ambiente campeó durante bastante tiempo, y la
campaña siguió realizándose en este marco de insultos y
descalificaciones, en ese ambiente de atosigamiento de los medios de comunicación,
con spots muchas veces deleznables, amarillistas. Faltó una campaña
con responsabilidad, donde la ética, los valores, el respeto, la cultura
imperaran; faltó una autoridad que pusiera orden a todo este tipo de
desviaciones, respecto al contenido y dimensión del proceso electoral,
a la manera de hacer campaña, de llevar un mensaje al pueblo mexicano
y en donde incluso se llamara al orden y a la legalidad, a los gobiernos tanto
federal como estatales, por inmiscuirse en dichos procesos, así como
de otros sectores, que ilegalmente intervinieron en la campaña, cuando
la ley se los prohíbe.

Las elecciones

Con todos estos antecedentes de la precampaña y campañas, había
una sensación de escepticismo, indiferencia y mucho se creía en
que iba a predominar el abstencionismo; sin embargo, el clima de confrontación
que se estuvo dando al final, entre uno y otro proyecto y sus respectivos candidatos,
hizo que la mayoría de la ciudadanía acudiese de manera cívica,
seria, responsable y comprometida a emitir su voto, a hacer oír su voz
y si bien el porcentaje de votación fue del 58.55% del padrón,
muy por debajo de las elecciones del 2000 que llegó a 64% y aun más
por debajo de las elecciones de 1994 que fue del 77%, pero con los
antecedentes arriba mencionados, podemos considerar que hubo una respuesta positiva
y que los ciudadanos estuvieron al pendiente de que sus votos fueran respetados.
Se puede decir que no hubo incidentes mayores que obstaculizaran el proceso
electoral.

El problema se presentó precisamente con el ahora famoso
programa de conteo rápido y de resultados preliminares, -PREP-, ya que
esto permitió que a las 20 horas del 2 de julio, los medios de comunicación
pudiesen difundir los resultados de las encuestas de salida. Con la información
de las dos principales televisoras del país, de que no había condiciones
para determinar una ventaja para alguno de los dos punteros, (Calderón
y López Obrador), se generó la sensación de lo reñido
de la contienda; muchos llevaron a cabo un seguimiento al proceso del PREP,
por la televisión y por Internet y desde estos momentos comenzó
a ser cuestionado, por la manera de informar y cómo se movían
las estadísticas respecto al conteo de votos.

Esto se complicó cuando el Presidente del IFE, a las
11 de la noche anunció que según los resultados hasta ese momento,
no había condiciones para determinar quien de los dos candidatos llevaba
una mayoría significativa, por lo que se informó que sería
hasta el miércoles 5 de abril, en el que una vez contados los votos en
cada uno de los 300 Distritos electorales, se informaría de los resultados.

Esta situación provocó, además de incertidumbre,
la sospecha de que los programas de cómputo estaban siendo manipulados
dada la forma en que se estaba informando de los resultados.

Efectivamente, la ciudadanía estuvo al pendiente de
los resultados que provenían de los distintos distritos electorales y
la forma como durante la mayor parte del tiempo se mantuvo a la cabeza López
Obrador y después de las 4 de la mañana del día 6, se cruzó
la línea de la estadística, que empezaba a dar la ventaja a Felipe
Calderón y que continuó hasta el final del recuento de las casillas
distritales.

En el informe del Presidente del IFE el jueves 6 de Julio
sobre los resultados finales, se concluyó lo siguiente:

Habiendo informado de los resultados, declaró que “la
regla de oro de la democracia establece que gana el candidato que tenga más
votos”, lo cual prácticamente declaraba vencedor a Felipe Calderón,
cuando aun el proceso no concluía, pues prácticamente seguía
el período de las impugnaciones y finalmente la resolución definitiva
a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
quien según la ley, es el responsable de declarar los resultados finales
del proceso electoral, una vez resueltas las impugnaciones y declarar al Presidente
electo.

Es a partir de esta declaración del Presidente del
IFE que se le da otra dirección al proceso electoral, ya que prácticamente
ambos candidatos punteros se declaran vencedores y comienza la pugna nuevamente
con descalificaciones y donde el IFE se convierte en el eje central del conflicto,
iniciándose la guerra de interpretaciones sobre le manejo del cómputo
de los votos, con los técnicos de diversas instituciones, argumentando
sobre su interpretación de los mismos y dando elementos para lo que hoy
es el gran debate nacional: credibilidad o no credibilidad a los resultados
del proceso electoral, legalidad o ilegalidad en el manejo y resultados del
mismo; los resultados de paquetes que se abrieron para verificar errores, los
famosos 2.5 millones de votos no contabilizados por tener inconsistencias y
que ante la denuncia de ello, de inmediato los incorporaron al conteo.

Estos y otros errores se empezaron a denunciar, sobre todo
a partir de las propias declaraciones de funcionarios del IFE, algunas contradictorias,
provocando además el llamado a la movilización en defensa del
voto por parte del candidato por la coalición Por el Bien de Todos.

Actores que influyeron en las campañas

Mucho se analizará y discutirá sobre el rol
que jugaron en este proceso, diversos personajes de la vida nacional, entre
otros, el de Cuauhtémoc Cárdenas, por la actitud que asumió,
primero ante la candidatura de López Obrador y después durante
la campaña; el de Elba Esther Gordillo, cuya actuación tuvo como
principal objetivo, como ella misma lo dijo, impedir que Roberto Madrazo llegara
a la Presidencia; el del Subcomandante Marcos, con sus críticas a los
partidos políticos, al proceso electoral y a los candidatos, en especial
a López Obrador; el de los gobernadores que se agruparon en el TUCOM
y que posteriormente unos optaron por apoyar al PRI y su candidato y otros por
deslindarse del mismo; dirigentes y militantes de partidos políticos
que optaron por renunciar al suyo para apoyar a otro y quienes de manera desleal,
hicieron el juego a candidatos ajenos a su partido. Igualmente fueron factores
importantes en la contienda, todos aquellos denunciados por presuntos actos
de corrupción, por tráfico de influencias, por delitos no sancionados
y que fueron utilizados de manera importante para agraviar a los partidos o
candidatos.

La realidad actual

Hoy nos encontramos ante esta realidad, en donde gran parte de la ciudadanía
y del propio pueblo mexicano, siente que no ha habido respeto, que no se han
cumplido los principios que establece la Constitución que en su Art.
41 establece: “…la certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad
y profesionalismo, serán principios rectores en el ejercicio de esta
función estatal”.

Estamos en la etapa en que el TRIFE revisa, analiza y decidirá
sobre las impugnaciones, conforme a las pruebas que se le hayan presentado y
es la instancia que en definitiva es responsable de declarar el resultado de
este proceso electoral. Debemos apostar a que la democracia se construye con
más y mejor democracia, que la participación que ahora se ha manifestado
en todo este proceso electoral, tanto en las campañas, como en las elecciones
y en esta última etapa de las impugnaciones, deberán caracterizarse
por el respeto a los demás, dentro del marco legal que hoy tenemos, con
la prudencia que exige el momento político y la realidad nacional e internacional.
Debemos promover la tolerancia para el debate, la confrontación de las
ideas, pero sobre todo, exigir que los avances que se han dado en este proceso
de democratización, no puedan de ninguna manera quebrantarse, sino que
todos debemos colaborar para avanzar y lograr que el país vaya mejorando
su legislación, sus instituciones y que sus gobernantes asuman con responsabilidad,
la tarea encomendada: construir un país donde los ciudadanos sean siempre
los actores centrales; para que impere plenamente el estado de Derecho, se amplíe
el ámbito democrático y se construya el país en un marco
de respeto a las libertades y de justicia social.

Como ciudadanos nos toca reflexionar, analizar y evaluar todo
este proceso, pero sobre todo lo referente a nuestra participación personal
en el mismo:

¿Qué rol jugamos?, ¿Cómo asumimos
nuestra responsabilidad? y ¿Con qué resultados nuestra participación
ha permitido avanzar o retroceder en este proceso por la democratización
y desarrollo de nuestro país?. Tenemos la palabra.

LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES: LA SITUACIÓN ECONÓMICA

Antonio Gutiérrez Castro *

¿Cuál será la situación
económica que encontrará el candidato electo?

Cuando el actual gobierno entró en funciones, se encontró
con una economía que había crecido, en el año 2000, 6.6
por ciento. Esto se entiende porque se partió de una base muy baja por
la crisis tan severa con la que inició el sexenio de Ernesto Zedillo
-de la cual no nos hemos recuperado del todo- y por haber sido un año
electoral y los gobiernos, tradicionalmente, se esfuerzan porque haya buenos
resultados económicos en el último año.

Sin embargo, el panorama rápidamente cambió
y la economía del país entró de lleno a una recesión
que marcaría casi todo el sexenio de Vicente Fox. De acuerdo a los datos
oficiales, el crecimiento en los primeros 5 años fue del 2 por ciento
en promedio anual, y si bien para este año se habla de mejores resultados,
estos no van a cambiar mucho la situación. Este crecimiento resultó
muy pobre y lejano al 7 por ciento pronosticado e insuficiente para generar
el millón 300 mil empleos prometidos, todo lo contrario. “El empleo
en la manufactura disminuyó en 15.9 por ciento y los nuevos asegurados
en el IMSS -un índice de creación de empleo formal- fueron, en
promedio, apenas 300 mil al año. Todo un fracaso, compensado por empleos
informales y la migración a Estados Unidos”. (Lorenzo Meyer, Reforma,
13 de julio de 2006). La falta de crecimiento es pues, el gran pendiente en
la agenda de la economía mexicana.

Pero esta falta de crecimiento no es de ahora, de hecho ya
tenemos más de dos décadas así, y se debe a varias razones.
Con la aplicación del nuevo modelo económico, se suponía
que al retirarse el Estado de la economía, el sector privado iba a suplirlo
en materia de inversión, pero no sucedió así, de hecho
ha habido una disminución de la inversión privada; pero no porque
no se hayan llevado a cabo las “reformas estructurales” como arguyen
el gobierno y los voceros de las cúpulas empresariales, sino por las
bajas expectativas de ganancia debidas al comportamiento tan fluctuante que
ha tenido en los últimos años la economía mundial, sobre
todo la norteamericana. Ya desde finales del año 2000, había claros
indicios de que ésta estaba entrando en recesión, situación
que se prolongó y se agudizó con la invasión y guerra de
Irak. La mejoría que se da en nuestro país a partir de 2004 se
debió, más que nada, a la recuperación que se da a partir
de ese año en la economía estadounidense. De ese grado es nuestra
dependencia.

Ahora las cosas han cambiado, pero no mucho. Se habla de que
hay una gran estabilidad económica. Analistas financieros coinciden en
afirmar que el candidato triunfador encontrará una economía mejor
posicionada, sólida en sus variables fundamentales, independientemente
de las insuficiencias reconocidas en materia de empleo, inversión, competitividad
y crecimiento.

“La congruencia en el manejo de la política fiscal
y la política monetaria ha hecho que tengamos una economía mucho
más sólida, muy diferente a la de hace seis y 12 años.
Nuestra economía tiene ahora grado de inversión; tenemos un nivel
de riesgo país mucho más bajo; tasas de interés ya por
muchos años inferiores a 10%; alargamiento de los plazos de financiamiento,
inclusive a 30 años a tasas fijas; un mejor manejo de deuda y menos vulnerabilidad
en materia de deuda externa; inflación y déficit público
controlados; ingresos petroleros altos; un mercado de capitales consolidado”,
dice el presidente de la bolsa Mexicana de Valores (BMV), Guillermo Prieto Treviño.
(Revista Proceso, 25 de junio de 2006)

Pero hay otros organismos que visualizan una situación
diferente, uno de ellos es el propio Banco Mundial: “El Presidente entrante
encontrará un panorama que no entusiasma a nadie. Crecimiento económico
raquítico, pobreza en amplias capas de la población y poco margen
de maniobra por los reducidos ingresos públicos. Resolver este enigma
luce difícil. Creación de empleos productivos que permitan reducir
la pobreza tanto en zonas urbanas como en rurales debe ser la prioridad para
el próximo gobierno, sin importar del color que sea. Hemos visto que
la pobreza disminuyó durante el sexenio que está terminando, pero
disminuyó mucho a través de transferencias, tanto de Oportunidades,
como de las remesas y disminuyó mucho en las zonas rurales, pero no tanto
en las urbanas, entonces el reto del próximo gobierno es cómo
hacer que los pobres que están en sectores urbanos, y también
las zonas rurales, tengan oportunidades de empleo productivo, que les den salarios
suficientemente altos para que salgan de la pobreza. Creo que ese es el principal
reto para cualquier gobierno”. (Entrevista a Isabel Guerrero, directora
del Banco Mundial para México, en la revista de El Universal,
3 de julio de 2006)

Desde nuestro punto de vista, el próximo gobierno enfrentará
otros problemas igualmente graves. Ya hicimos mención de la gran dependencia
que la economía mexicana tiene de la norteamericana, dependencia que
se incrementó con la firma y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio.
Pero también está el problema del modelo económico y las
políticas aplicadas en los últimos 24 años. Un modelo que
ha demostrado, hasta la saciedad, su incapacidad para generar crecimiento y
empleos; un modelo que ha aumentado como nunca la desigualdad social, al grado
de que hoy tenemos, por un lado, a unos cuantos multimillonarios que se cuentan
entre los más ricos del mundo y por el otro a 50 por ciento de la población
en la pobreza; un modelo que está agotado, al grado de que muchos de
sus principales propagandistas, ahora lo critican y proponen cambios. “Después
de haber tenido tan grandes gobiernos nos fuimos al extremo de que el mercado
va a solucionar todos los problemas. Ya desde la crisis de Asia, hace más
de 10 años, nos dimos cuenta de que eso no soluciona, esta mano invisible
del mercado necesita otra que le ayude, es la del Estado, un estado eficiente
que no vaya en contra del sector privado pero que complemente”. (Isabel
Guerrero, directora del Banco Mundial para México en entrevista citada).
Además del modelo económico, está el problema de la deuda,
que si bien en el caso de la externa se ha reducido y se dice que está
bajo control, sigue siendo una sangría para nuestra economía por
el pago de intereses y el principal que periódicamente se están
pagando. Pero la que se ha convertido en un gran problema es la deuda interna,
que a diferencia de la externa ésta sí ha crecido y cada año
se le destinan alrededor de 50 mil millones de pesos del presupuesto federal;
de hecho la banca mexicana obtiene sus principales utilidades de esa transferencia
de recursos.

Crecimiento económico, empleos formales, salarios suficientes;
inversión privada pero también estatal -sobre todo en infraestructura-;
reasignación del gasto del Estado y cómo éste se hace de
más recursos; combate a la pobreza rural y urbana; cambio de modelo económico;
renegociación de la deuda, sobre todo interna; estos son, algunos de
los retos y principales problemas económicos que enfrentará el
próximo gobierno, sea del partido que sea.

* Colaborador de CENPROS

LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES: EL SINDICALISMO EN EL
ESPEJO

J. Santos Martínez Cruz *

Introducción

El proceso electoral fue una confrontación política
como nunca antes se había dado en nuestro país, una sucesión
de hechos inéditos que despertó el interés y la participación
de amplios sectores de la sociedad mexicana, de amplios núcleos de simpatizantes
de todos los candidatos que siguieron paso a paso una confrontación que
alcanzó niveles de fuertes acusaciones, de manipulación, chantaje
y corrupción. Sin duda, esta experiencia es de enorme significado por
las grandes lecciones que nos ofrece a todos, más aún si consideramos
que quedaron expuestas a la luz pública las debilidades institucionales
de un régimen que ya se agotó, que nos muestra con toda plenitud
como, en su descomposición, el ejercicio del poder se presta para el
beneficio personal y de grupos afines a quienes lo ejercen, y como las prácticas
de enriquecimiento personal de algunos personajes dentro de él son toleradas
en detrimento del erario nacional que pertenece a todos los mexicanos. También
nos mostró las limitaciones de la democracia y su marco normativo. Como
nunca antes los candidatos recurrieron a la diatriba, al discurso fácil
(incluidas las mentiras y las promesas inviables), a la descalificación
y al gasto desmesurado en mercadotecnia y publicidad en su afán de ganar
adeptos para su causa. Nos mostró que el México del siglo XXI,
con toda su riqueza natural y cultural, esta lleno de contradicciones, de desigualdades
sociales, de impunidad y de injusticia. Nos mostró que tenemos una nación
dividida, que después de más de 20 años de políticas
neoliberales estamos parados en el umbral de una crisis política y social
de dimensiones impredecibles.

Los votos ciudadanos emitidos el pasado dos de julio cambió
el mapa de la representación partidaria en los órganos de poder,
esto impactará a las organizaciones sociales, porqué de una u
otra manera, los partidos políticos, a pesar del descrédito de
los políticos, siguen siendo referentes importantes de los diversos intereses
sociales del pueblo mexicano. No será fácil alcanzar acuerdos
entre fracciones parlamentarias tan enfrentadas y con un escenario social explosivo
y lleno de descontento. No obstante, la situación que vivimos hoy, con
todas sus contradicciones, puede ser el preámbulo para un cambio sustantivo
en los fundamentos de la nación mexicana; un espacio histórico
en el que se pueden sentar las bases de una verdadera transición que
abra el debate, serio y comprometido, de las condiciones en que se encuentra
la institucionalidad y los caminos que nos faltan transitar para hacer efectiva
la democracia en todos los ámbitos de la vida nacional; hacer una revisión
profunda de leyes y procedimientos jurídicos que nos pongan en la perspectiva
de una nueva convivencia social que abra el camino de la justicia y el desarrollo
sin exclusiones.

Los cambios de actitud y participación que observamos
en la sociedad mexicana no son menores, hay una mayor disposición de
los ciudadanos para aparecer como sujetos críticos y vigilantes en los
asuntos de carácter público y principalmente en lo que tiene que
ver con la seguridad social, aún y que sus diferentes expresiones organizativas
no les ofrezcan mayores alternativas, como es el caso particular de los sindicatos.

Será muy interesante presenciar como se asume el impacto
de este proceso electoral y sus resultados hacia el interior de los sectores
sociales organizados; hasta donde los militantes de las organizaciones tendrán
la sensibilidad y la capacidad para ver, valorar y rediseñar las bases
políticas e ideológicas que den sustento a sus estructuras organizativas,
y que tipo de cambios y adecuaciones necesitarán para enfrentar los retos
que impone el cambio de gobierno en lo particular, la lógica del capitalismo
y el proceso de globalización en lo general, para incidir en las decisiones
políticas, económicas y sociales que beneficien a sus afiliados
y al conjunto del pueblo mexicano.

Es evidente que los grandes deseos de cambio que nos muestra
la participación de la gente, por sí solos, no serán suficientes
para resolver las deficiencias estructurales que tradicionalmente han existido
en el país, impuestas por los regímenes al servicio del capitalismo
y que se reflejan dramáticamente en los grandes niveles de miseria, marginación,
ignorancia e injusticia, si no vienen acompañados de los cambios sustanciales
en el seno de las propias organizaciones representativas de los intereses de
los diferentes sectores sociales de nuestro pueblo.

El movimiento sindical y las elección


En el caso particular del sindicalismo, lo cerrado de la contienda provocó
que algunos dirigentes de las organizaciones sindicales que tradicionalmente
estaban alineadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI) cambiaran la
orientación de su voto, unos manifestando su apoyo a la candidatura de
López Obrador, como fue el caso de la Confederación Revolucionaria
de Obreros y Campesinos (CROC), y otros a Calderón, aunque muchos de
estos cambios de opción sólo fueron declarativos y estrictamente
electorales, nos permiten constatar la crisis que vive el movimiento sindical,
la pérdida de sus principios y valores que lo imposibilitan para articularse
política e ideológicamente frente a una situación que cada
día se torna más compleja y peligrosa para todos los trabajadores
y sus familias.

No hay que olvidar que aún no se resuelven los problemas
provocados antes de las elecciones por la política de intromisión
del gobierno actual en los asuntos que sólo competen a los trabajadores
y sus organizaciones sindicales, como son los casos de la violación de
la autonomía sindical en el Sindicato Minero Metalúrgico, donde
“legalmente” desconocen a Napoleón Gómez Urrutia como
Secretario General, situación que se magnificó por la coincidencia
en fechas con el accidente en la mina de Pasta de Conchos donde perdieron la
vida 65 trabajadores, y el apoyo que el gobierno ha brindado a Víctor
Flores, líder ferrocarrilero, para que continúe como Presidente
del Congreso del Trabajo (CT) a pesar de que los Estatutos de dicha organización
lo prohíben, afectando los derechos de las organizaciones que eligieron
a Isaías González, líder de la CROC, para ocupar dicho
cargo. Curiosamente uno de los dirigentes opuestos a la reelección de
Víctor Flores fue Napoleón Gómez Urrutia. Los resultados
de estas acciones, de una o de otra manera, han provocado respuestas en algunos
sectores del movimiento sindical: Los mineros han respondido con huelgas, paros
y movilizaciones en protesta por la intromisión del gobierno en sus asuntos
internos y la negligencia con que éste ha actuado frente a las irresponsabilidades
y arbitrariedades de algunos patrones del sector minero.

En este contexto, la Unión Nacional de Trabajadores
(UNT), el Frente Sindical Mexicano (FSM), la CROC junto con la disidencia del
CT han constituido el Frente Nacional de Unidad en defensa de la Autonomía
Sindical (FNUAS), para hacer frente a esta ofensiva gubernamental. Sin embargo,
las acciones que han acordado en este nuevo Frente se han limitado prácticamente
a declaraciones de prensa; mínimas movilizaciones de su base agremiada
y amagos de una “huelga general” que se pospuso “para no entorpecer
el proceso electoral”. Su desarrollo orgánico se ve muy limitado
debido a que las coincidencias son mínimas entre sus integrantes y en
las pocas reuniones que han realizado no han logrado prefigurar una agenda que
contemple los problemas fundamentales de los trabajadores y de la nación.

De nada servirá que sigan apareciendo siglas de nuevos
frentes o conglomerados de dirigentes si éstos no tienen la intención
de promover cambios profundos en la conciencia de todos los trabajadores, facilitando
y ofreciendo los mecanismos de la participación activa en la toma de
decisiones en sus asambleas y en todos los espacios de acción política
que va generando el propio movimiento sindical, en la promoción seria
y permanente de la formación de cuadros y militantes; al mismo tiempo
que se asuman con voluntad, ética y certeza política, los compromiso
prácticos para hacer frente a los problemas centrales que han ocasionado
la dispersión, la atomización, la división y el ocaso de
las organizaciones sindicales como son, específicamente, la corrupción
y la simulación en la contratación colectiva y la representación
sindical.

Volviendo al caso concreto del proceso electoral, podemos decir
que el papel que jugó el sindicalismo en general, fue muy lamentable.
El corporativo, que tradicionalmente apoyó al candidato del PRI, esta
vez, ya casi al final del proceso se dividió y una parte de este decidió
orientar el voto a favor del candidato del PRD. En el caso de la UNT y del FSM,
si bien se decidieron por la coalición Por el Bien de Todos que postuló
a López Obrador, el apoyo fue más declarativo que efectivo, a
pesar de que algunos de sus militantes participaron como candidatos a cargos
de elección popular por esta coalición. Muy diferente fue el papel
en las elecciones del 2000, cuando una parte considerable de organizaciones
sindicales y personalidades ligadas al mundo laboral, elaboraron un documento
que llamaron: “20 Compromisos por la Libertad y Democracia Sindical para
la Agenda Laboral y Programa de Gobierno”, que asumieron en su momento
los candidatos a la presidencia de la República.

A pesar de este panorama, es necesario hacer recuentos y plantear
alternativas. En el plano de la representación formal, el de las cúpulas
sindicales, los agrupamientos y las nuevas alianzas que se pueden dar, tienen
materia de análisis para definir una nueva agenda de trabajo unitario
que reoriente sus acciones inmediatas, tomando en cuenta que el fantasma de
las reformas estructurales en materia laboral, energética, fiscal y de
seguridad social, entre otras, estará presente en la agenda legislativa
y no precisamente con contenidos que beneficien a los trabajadores y a los sectores
sociales más desprotegidos. Es deseable que los diferentes actores del
movimiento sindical democrático encuentren vías de confluencia,
los peligros de retroceso son grandes y sólo con una política
unitaria y solidaria se podrá enfrentar con mayores posibilidades de
éxito esta basta ofensiva neoliberal del capitalismo que no cederá
en sus pretensiones de hacer de todos los aspectos de la vida humana, y de la
naturaleza misma, mercancías de consumo corriente en el mercado global.

* Colaborador de CENPROS

FRACASARON REFORMAS AL IMSS QUE IMPUSIERON PRI Y PAN

Enrique Méndez *

Se comprueba que gastos médicos en pensionados es el rubro que
asfixia las finanzas.


Según informe del instituto, hay siete renglones que ponen en peligro
su situación: Alonso Raya.

Embuste de esos partidos, que los problemas se iban a terminar con
los cambios al RJP.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó
a la Cámara de Diputados un informe que refleja su crisis económica
y financiera, y el fracaso de las reformas de 1995 y 2004 a la ley en la materia.

El rubro que más presiona las finanzas de la institución
es el de gastos médicos en pensionados, que a diciembre de 2005 ascendió
a 2 billones 249 mil millones de pesos, monto equivalente a 26.9 por ciento
del PIB de ese año, que fue de 8 billones 226 mil millones.

Al comentar el documento, de 506 páginas, que recibió
la Comisión Permanente y turnó a la Cámara de Diputados,
el presidente de la Comisión de Seguridad Social, Miguel Alonso Raya,
señaló que eso comprueba la ineficacia de las reformas a los artículos
277 b y 286 k de la Ley del IMSS, impuesta por el PRI y el PAN en 2004, en contra
de los intereses de los trabajadores.

"Para impulsar la modificación argumentaron que
los problemas financieros del IMSS se acabarían con la reforma al régimen
de jubilaciones y pensiones (RJP); sin embargo, este informe revela que no está
ahí el principal problema, sino en el gasto médico a pensionados",
explicó.

El reporte sobre la situación financiera y los riegos
del IMSS, realizado por el Departamento del Actuario del gobierno del Reino
Unido -contratado durante la gestión de Santiago Levy-, desglosa los
siete principales riesgos económicos del instituto.

Además de la presión por el déficit por
gastos médicos en pensionados, se resalta un déficit actuarial
importante, derivado del RJP vigente hasta agosto de 2004, de 77 mil 995 millones
de pesos al cierre de 2005, equivalente a 9.3 por ciento del IPB de ese año.

Otro de los puntos conflictivos es la evolución epidemiológica
de la población derechohabiente, que transita a padecimientos crecientemente
complejos y costosos de orden crónico-degenerativo. La prima de financiamiento,
explica el documento, y las reservas existentes del seguro de enfermedades y
maternidad son insuficientes para enfrentar esa situación, y una de las
"alternativas" que se plantean sería aumentar 36.7 por ciento
las aportaciones de los asegurados.

Asimismo, se realizó un amplio diagnóstico de
los ingresos por concepto de trabajadores inscritos en el IMSS. Las aportaciones,
define, han caído debido a la actual estructura del mercado laboral y
porque predominan los salarios bajos.

Entre las características de la actividad económica
y la naturaleza del mercado laboral resaltan -detalla- la existencia de relaciones
contractuales nuevas, una creciente movilidad de la fuerza de trabajo y la expansión
de los sectores comercio y servicio, en los que el porcentaje de trabajadores
inscritos al IMSS disminuye.

También se consideran peligrosas las contingencias derivadas
de pleitos legales, que podrían representar fuertes erogaciones para
las que no hay reservas suficientes. "Esas situaciones representan un riesgo,
pues han sido establecidas como no cuantificables, dado que en la generalidad
de los casos las prestaciones que se reclaman son excesivas", expone.

Otro de los puntos sensibles es el gasto de operación
y la obsolescencia de la infraestructura hospitalaria. Según el IMSS,
a diciembre de 2005 se estimaba que se requerían 52 mil 178 millones
de pesos para abatir el rezago de infraestructura y equipamiento, y que se necesitaría
un ritmo sostenido de inversión de 5 mil 107 millones de pesos por cada
500 mil trabajadores de nueva afiliación. "De hecho, a corto plazo
se proyectan faltantes de efectivo para financiar la operación, en buena
parte debido al incremento que se experimentará en el capítulo
de gasto en servicios personales en 2007 y 2008, el cual es obligado por las
contrataciones para la operación de toda la infraestructura que se terminó
o se terminará de construir o adecuar durante 2005 y 2006", admite.

Esto es, aclaró Alonso Raya, que no habrá recursos
para pagar los salarios del personal que atienda las clínicas y hospitales
nuevos, construidos en los últimos dos años del foxismo.

El renglón final de riesgo es la situación financiera
del IMSS, que se refleja en el balance y los resultados, derivados de los problemas
de los rubros anteriores.

Sobre ello, el documento añade: "si se registra
la totalidad del pasivo laboral ya devengado, en 2005 el patrimonio del instituto
sería de menos 81 mil 662 millones de pesos, lo cual implicaría
que el costo del pasivo laboral devengado absorbería todo su patrimonio
y aun así no sería suficiente para cubrirlo. El resultado de operación
negativo en 2001 alcanzó menos 18 mil 606 millones".