Martes 12 de julio de 2005

Niega el líder que pensiones a viudas, huérfanos e incapacitados sean cargas para el IMSS


Las autoridades condicionan la apertura de más plazas Buscan la privatización, señala



Reunión de pensionados y jubilados tras declaración del IMSS sobre el tema FOTO Luis Humberto González
El diagnóstico de la dirección del Seguro Social de que las pensiones a viudas, huérfanos e incapacitados resultan una carga evidencia la intención del gobierno del presidente Vicente Fox para desmembrar no sólo el contrato colectivo de los trabajadores del IMSS, sino anular el sistema solidario de seguridad social en el país.

Es la visión de los tecnócratas que este año "van por todo" para privatizar las instituciones sociales, sostuvo Roberto Vega Galina, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), y anunció que este gremio se prepara para enfrentar un "choque" mayor en las negociaciones contractuales que comenzarán el mes próximo.




En entrevista con La Jornada, el dirigente señaló que los trabajadores tienen una propuesta alternativa en torno al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), misma que esperan sea discutida con la dirección del IMSS. Sin embargo, advirtió, "no vamos con los brazos cruzados, esperando que nos mutilen... el equipo de Levy ofrece al sindicato la autorización de 20 mil plazas si nos ponemos a modo con el RJP, pero eso no va a ocurrir".



Por lo pronto ha iniciado en todas las unidades médicas y administrativas la difusión de un comunicado que a la letra señala: "consideramos extremadamente peligroso e irresponsable que las autoridades institucionales provoquen intencionalmente el deterioro de los servicios, cuyas consecuencias se manifestarán en la pérdida de vidas humanas.



Vega Galina responde de esta forma a un análisis del Seguro Social, el cual señala que los criterios para la asignación de pensiones por invalidez, riesgos de trabajo y viudez deben modificarse "para adecuarlos a la realidad y reducir la carga financiera que representan para la institución y el gobierno federal". El estudio, publicado ayer por este diario, asegura que en las condiciones actuales 60 por ciento de los pensionados obtienen alguna de estas prestaciones entre los 40 y 48 años de edad, sin que necesariamente estén impedidos para laborar.




El dirigente indicó que en términos reales la dirección y el consejo técnico del instituto (integrado por representantes patronales, obreros y del gobierno federal) tienen como objetivo eliminar la seguridad social solidaria y generalizar el esquema las Afores y los seguros privados. Esa es su meta, que va de la mano con la privatización de los servicios, señaló.



En octubre próximo vence el plazo para la revisión del contrato colectivo de trabajo del SNTSS, el cual involucra las prestaciones y el régimen de retiro de unos 400 mil empleados. En agosto pasado, pese a la movilización de los trabajadores, fueron reformados dos artículos de la ley del Seguro Social que han derivado en congelamiento de plazas y en mayor deterioro de la atención a derechohabientes.



Sin embargo, el SNTSS dejó en claro que no cejará en la defensa de sus derechos, por lo que "si nos obligan a llegar al extremo ahí estaremos otra vez".




Según el dirigente, la posición de las autoridades no pone en riesgo sólo sus prestaciones sino el servicio médico mismo, en una clara actitud "deliberada y con dolo".



Incluso, expresó, "si la solución a los problemas financieros del IMSS fuera una persona, como han querido manejar en el instituto, Roberto Vega renuncia y ya está, pero el Seguro Social no se está hundiendo por Roberto Vega, sino por los rezagos añejos y malas administraciones, y sólo en este gobierno se les han querido adjudicar a los trabajadores.



"Quienes dirigen actualmente al IMSS son funcionarios que ven al instituto como una plataforma para seguir en la nómina y como una forma de cuidar su imagen a fin de tener una chamba después de 2006. No es posible que cuando le hablamos de problemas de atención a la derechohabiencia, los tecnócratas sacan la calculadora y nos responden que no hay dinero", añadió.



Recordó que los eventuales cambios a los criterios para la asignación de pensiones y jubilaciones son un proyecto viejo que pretendían aplicar desde la reforma a la ley del IMSS en 1997; han pasado, agregó, otros cambios en 2000, 2001 y 2004 sin que ninguno repercuta en una mejor administración o calidad de atención a los trabajadores. "En suma, estamos frente a un nuevo intento de desmembrar al IMSS y a la seguridad social, no sólo lo que establece nuestro contrato, sino derechos que consagra la Constitución, que en caso de derogar estarían asestando un golpe mortal al sindicalismo", expuso.




Insistió en que los empleados difícilmente podrán hacer milagros, si no cuentan con el material e insumos necesarios y si existe un rezago de 7 mil plazas congeladas de agosto pasado a la fecha, y la suspensión de contrataciones de 10 mil plazas más, es decir, "sin mentir, estamos hablando de que mis compañeros sacan adelante al instituto con 17 mil plazas menos". El único esfuerzo que ha hecho la administración es adelgazar la plantilla de trabajadores de confianza, aunque éstos acuden a los tribunales para obtener una mayor liquidación y le ganan miles de juicios al instituto.



FABIOLA MARTINEZ Y PATRICIA MUÑOZ


La Jornada.