Abogados de Coparmex elaboraron la iniciativa, afirman
Alcalde y De Buen




En caso necesario, presentarán controversia constitucional ante la SCJN:
Vega Galina

La posición del SNTSS no es chantaje, responde el secretario general
a Creel Miranda

Frente al embate gubernamental contra los empleados del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el cual pretende, por la vía legislativa,
atacar el contrato colectivo de trabajo, el dirigente del Sindicato Nacional
de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Roberto Vega Galina, anunció
ayer que recurrirán al amparo de la justicia federal contra la iniciativa
para reformar la Ley del IMSS, e incluso, en caso de que sea necesario, interpondrán
un recurso de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.

Vega Galina ofreció ayer una conferencia de prensa conjunta
con los asesores jurídicos del SNTSS, Néstor de Buen y Arturo
Alcalde Justiniani, quienes afirmaron que ya se descubrió la verdadera
autoría de la iniciativa de reforma, que fue elaborada por los asesores
legales de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) por encargo de la administración del IMSS.

"Fue el Seguro Social quien encargó la elaboración
de este proyecto al despacho legal de la Coparmex, e intervino Tomás
Natividad Sánchez, defensor de los empresarios, en la creación
de esta iniciativa (de ley), la cual es inconstitucional a todas luces",
aseveró Alcalde Justiniani.

Cabe destacar que el despacho legal Natividad y Asociados es,
desde hace varias décadas, representante de los patrones ante instancias
como la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y brinda asesoría
legal a la Coparmex ante las instancias oficiales y en donde hay representación
tripartita.

En el ámbito laboral, el bufete Natividad y Asociados
es conocido por su "línea dura" contra los trabajadores. De
ese despacho salió la iniciativa para reformar la Ley del IMSS, apuntó
el abogado laboral.

A su vez, Vega Galina respondió al titular de la Secretaría
de Gobernación, Santiago Creel Miranda, que las posturas del sindicato
que él representa "no son chantajes", porque están basadas
en la legalidad y en lo que la ley y el contrato colectivo marcan, por lo que
esperará hasta octubre, cuando se lleve al cabo la revisión salarial,
para presentar el emplazamiento a huelga, que es un derecho sindical. También
recordó a Creel que el gobierno es el que está en la ilegalidad
al violentar los derechos de los trabajadores.

Y le recomendó consultar cualquier libro de derecho,
ya que todos dicen que lo fundamental es respetar las leyes vigentes.

El dirigente del SNTSS manifestó que todo indica que
existe una "consigna" contra el sindicato, porque incluso la semana
pasada, en la Conferencia Nacional de Gobernadores, todos los sectores "firmaron
un gran acuerdo" en el que se planteó que el tema de las pensiones
es "nacional", es un asunto de Estado y como tal debería ser
tratado.

Sin embargo, agregó, al día siguiente se presentó
la iniciativa impulsada por la dirección del IMSS y la clase empresarial,
la cual, además, "no va a resolver nada".

En tanto, Néstor de Buen y Arturo Alcalde advirtieron
que, absurdamente, el gobierno está llevando el asunto al camino del
litigio y ha despreciado la conciliación. Los abogados laborales, acompañados
por los especialistas Héctor Barba y Alfonso Bouzas, participaron en
un foro organizado por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución
Democrática en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ahí,
el presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara
de Diputados, el perredista Miguel Alonso Raya, coincidió con los especialistas
en que "la reforma afecta el contrato colectivo de trabajo" del SNTSS,
por lo que es inconstitucional y por esta razón pueden solicitar un amparo
a escala "de organización o los trabajadores en lo individual".

A esa postura se sumaron los legisladores Pablo Gómez,
Francisco Carrillo, Agustín Rodríguez y Clara Brugada, quienes
propusieron "tres acciones jurídicas y políticas" que
se podrían llevar al cabo: primera, que los diputados promuevan una acción
de inconstitucionalidad, lo que implica conjuntar a 33 por ciento de los legisladores,
la cual se presentará en caso de que avance la propuesta de reforma.
Segunda, que el sindicato solicite un amparo, porque se estaría violando
el contrato colectivo, y promueva una huelga; y tercera, realizar una "huelga
por solidaridad", que legalmente estaría autorizada, "porque
si se permite que pase la reforma en el IMSS se crearían precedentes
para que las conquistas de otras organizaciones de trabajadores se vinieran
abajo".

El abogado Néstor de Buen desaprobó de nueva
cuenta el dictamen avalado en comisiones, porque "viola una serie de derechos
de los trabajadores del IMSS y atribuye al sindicato y al régimen de
jubilaciones y pensiones (RJP) las culpas del empobrecimiento del instituto",
cuando no es así; el IMSS está en esa situación porque
lo han llevado al empobrecimiento, le han quitado todo el dinero al régimen
de pensiones y lo destinan a financiar al Estado a través de las Afore.

"Los cálculos que han hecho expertos demuestran
que no hay una situación de crisis derivada del RJP y, consecuentemente,
no es la causa del empobrecimiento del IMSS. Se pretende acabar con el contrato
colectivo de trabajo, que es un buen contrato, y, obviamente, tratan de echarle
la culpa de todos los males del IMSS. Los trabajadores tienen derechos de todo
tipo, como el de huelga, eso es innegable, mientras el Congreso federal no tiene
derecho a cambiar un contrato colectivo. El amparo podría revocar la
petición de modificar la ley", aseguró.

ATRICIA MUÑOZ, ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

La Jornada