México D.F. Miércoles 21 de julio de 2004

Reforma al IMSS, canallada en 23 palabras

Ricardo García Sainz

El proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Seguro
Social, presentado el día de la toma de la Bastilla por el diputado Manlio
Fabio Beltrones y 150 legisladores más, y al día de hoy ya dictaminado
en favor por la Comisión de Hacienda, es un acto de fe y de frivolidad,
porque ninguno lo leyó, al extremo de considerarse Senado de la República.
Transcribo: "... en razón de lo anterior, el Senado de la República
no puede estar de acuerdo con los alcances que..."

De su lectura se concluye fácilmente que es una retacería
elaborada en el IMSS, de argumentos carentes de continuidad y de rigor. Por
su pobreza y por formar parte de una gigantesca campaña publicitaria,
no vale la pena analizar sus contradicciones y omisiones, basta con destacar
lo obvio: inoportuna, por presentarse en el momento en que se están llevando
a cabo las pláticas con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro
Social (SNTSS) a solicitud de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social; precipitada, porque se presenta en la Comisión Permanente, pretendiendo
convocar a un periodo extraordinario; con mecanismos de aprobación dignos
de las peores épocas del priato, y todo ello para resolver un problema
cuyos primeros síntomas aparentemente ocurrirán dentro de 28 años.

Es estéril, porque deliberadamente ignora los otros
cuatro o cinco problemas estructurales que determinan la viabilidad del IMSS,
e infantilmente ignora lo que afirman en la exposición de motivos que
"... ya en el 2005 podrá haber problemas operativos mayores".
Para corregir una situación cuya crisis se dará en 2010, al decir
de Levy, se legisla con visión de estadistas para lo que ocurrirá
en 2033, si el IMSS continúa vivo para entonces.

Es una propuesta que limita sus efectos al contrato colectivo
de trabajo del IMSS y a sus futuros trabajadores, cuando se encuentran exactamente
en la misma situación todos los trabajadores de las instituciones y empresas
públicas que se jubilan conforme a sus contratos colectivos por años
de servicio, este es el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión
Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza del Centro (LFC), universidades,
banca de desarrollo y muchos otros, y que destinan ingresos por ventas de servicios
públicos o por asignaciones presupuestales al pago de sus regímenes
especiales de jubilaciones y pensiones.

Vista desde este ángulo, no obstante su ineficacia,
la propuesta firmada por Beltrones es brutalmente agresiva contra el SNTSS,
pretendiendo dividirlo, exhibirlo injustamente ante la opinión pública
y dando un paso más en el proyecto zedillista, acelerado por Fox, de
privatizar los servicios médicos del IMSS, único propósito
que hace comprensibles las acciones del gobierno desde 1995.

La propuesta, por nadie siquiera leída, es, al igual
que la de 2001, engañosa a la opinión pública, porque denuncia
en tonos mayores las deficiencias del IMSS y da la impresión de que el
Poder Legislativo se está ocupando sesudamente de resolver problemas,
lo que es absolutamente falso porque los otros problemas fundamentales del IMSS,
aunque detectados con anterioridad, son ignorados. Vista así, la reforma
parecería inofensiva para los actuales pensionados y los trabajadores
en activo, da la impresión de ser una forma de salir del problema político
creado entre Levy y el sindicato, pero la reforma va mucho más allá.
Después de 10 cuartillas en letra pequeña, de redacciones farragosas
y desarticuladas, se llega al artículo Segundo Transitorio -esta perversa
costumbre de legislar por vía de transitorios- que tiene en su literalidad
efectos demoledores en contra de los actuales pensionados y de los trabajadores
en activo con derechos a ser pensionados, a la letra dice: "... Para tal
efecto (seguir gozando de los beneficios otorgados por el régimen de
jubilaciones y pensiones -RJP-), el instituto aportará las cantidades
que le sean autorizadas en su respectivo presupuesto de egresos por la Cámara
de Diputados." Con fundamento en estos dos renglones, la Cámara
realizará de un solo golpe o de manera gradual, año con año,
el recorte de las pensiones de los actuales jubilados del RJP y de los trabajadores
en activo, de quienes se dice no se tocarán sus derechos. Recorte que
dejará indefensos a los jubilados, incluso porque la campaña mediática
se ha encargado de crear un clima de linchamiento.

Estos dos renglones, los únicos que tienen sentido en
la reforma, cuya paternidad aceptó Beltrones, deben ser sustituidos por
otros dos que digan que "... Para tal efecto, el instituto continuará
cubriendo sus obligaciones como hasta ahora lo ha hecho y con las mismas fuentes
de origen de los recursos". Este párrafo, cualquiera que sea su
redacción, debe ser la confirmación del propósito del legislador
de no afectar los derechos de los jubilados y de los trabajadores en activo.
Sin embargo, la vida de esta disposición será de apenas unos cuantos
años, porque su monto, sumado a los salarios, será mayor al total
de las contribuciones obrero-patronales determinadas por la ley vigente, lo
que confirma la necesidad de sentar las bases para el resurgimiento de la seguridad
social, garantía de protección de la salud de los trabajadores
activos o pensionados y de sus familias, así como consolidar un sistema
que permita el disfrute de pensiones dignas.

Para claridad de los planteamientos tomaré la situación
presente del IMSS, empezando por identificar las causas del actual nivel de
desfinanciamiento que se ha traducido en el desmantelamiento de los servicios
médicos institucionales:

I. Caída del valor real de los salarios y, por tanto,
de los ingresos del IMSS, por estar vinculados. En los últimos 20 años
los salarios han perdido 75 por ciento de su valor.

II. No generación de empleo y, por tanto, la no incorporación
al IMSS de nuevos cotizantes. De haber logrado un crecimiento de 7 por ciento,
conforme al modelo de desarrollo vigente se han tenido tasas negativas, lo que
modifica toda la pirámide de distribución de riesgos. Agudiza
el fenómeno la no incorporación al régimen solidario de
grupos de trabajadores con alta capacidad de contribución, como son los
petroleros.

III. La expectativa de vida, ya que actualmente la de los mexicanos
es de más de 75 años, en contraste con los escasos 60 años
que se tenían hace medio siglo. Esta afortunada realidad encarece el
costo de los servicios médicos, particularmente para los jubilados, con
el agravante de que no existen bases de financiamiento para cubrir estos servicios.
Todo el costo de la atención médica a los jubilados es cubierto
con las carencias, desatenciones, abandono, dolor y muerte compartidas con los
trabajadores en activo.

IV. Insuficiencia de cuotas para cubrir el costo de los servicios
médicos, la gran mentira de Zedillo, quien justificó la reforma
de 1997 para dotar al IMSS de recursos suficientes y, tal y como lo confirma
su actual director, el valor de las cuotas que recibe la institución
es igual al anterior, lo que determina su necesario desmantelamiento.

La ley de 1997 no le da un peso más al IMSS, libera
a patrones y trabajadores del 30 por ciento de las contribuciones, cantidad
que absorbe el Estado con cargo al presupuesto federal, en este año del
orden de los 35 mil millones de pesos.

Es urgente restituir las contribuciones de los sectores a los
niveles que tenían antes de la reforma de 97, lo que garantizaría
la eficaz y oportuna prestación de los servicios y la inversión
necesaria para contar con la infraestructura mínima, así como
recuperar los avances tecnológicos.

Del análisis de 50 años de historia de las contribuciones
al IMSS, se puede afirmar que el monto de las cuotas obreropatronales en nada
afectan la generación de empleo.

V. El costo incontrolado de medicamentos y otros insumos afecta
severamente el equilibrio financiero e impide la prestación de servicios.
El incremento de precios de los medicamentos, a ciencia y paciencia de las autoridades,
se ha elevado en los 10 años recientes al doble de la inflación.
Frecuentemente se acusa a la administración de desviación de recursos
y de corrupción en las adquisiciones de medicamentos y de insumos para
la atención médica.

VI. En la exposición de motivos del proyecto firmado
por Beltrones se señala como costo de 2003 del RJP la cantidad de 13
mil millones. Recuerdo esta afirmación sólo como referencia para
ubicar el incumplimiento del gobierno federal de cubrir el costo de transición
de los jubilados conforme a la ley derogada en 1997 y de todos los que opten
por el régimen anterior. Es evidente que el jubilado tiene derecho a
una pensión que el gobierno paga puntualmente con cargo al presupuesto
federal. Para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades
y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, el gobierno federal debería
hacer las aportaciones correspondientes conforme a la responsabilidad establecida
en el transitorio duodécimo de la ley de 1997. Conforme a los cálculos
del IMSS, el costo del presente año es del orden de 15 mil millones de
pesos y el pago omitido en su perjuicio rebasa los 60 mil millones de pesos,
constituyendo un grave problema que ni siquiera se plantea, a pesar de que se
agravará ininterrumpidamente durante los próximos 30 años.

VII. Por la naturaleza del instituto, el valor de los salarios
es el costo fundamental y dentro de ellos el del RJP es un factor creciente
que debe ser corregido dentro del conjunto de medidas indispensables, todas
ellas para interrumpir el desmantelamiento de la institución, propósito
central del proyecto privatizador de la actual administración.

Los puntos que deben revisarse son, cuando menos, cinco:

1) Establecer edad mínima de jubilación. 2) Revisar
el salario base que sirve para su otorgamiento. 3) Establecer como factor dinámico
para la actualización de las pensiones la inflación reconocida
y no los incrementos otorgados al personal en activo. 4) Limitar el cambio de
beneficiarios una vez otorgada la pensión, y 5) Establecer la supresión
temporal del disfrute de la pensión en aquellos casos en que el pensionado
obtenga ingresos gravables.

No hay duda que los regímenes de pensiones por años
de servicio deben ser condicionados también por la edad de su disfrute,
pero tampoco hay duda que la reforma al RJP de los trabajadores del IMSS no
resolverá las angustias institucionales. Menos aún si esta modificación
se pretende mediante una propuesta infantil, ingenua, bondadosa, aparentemente
intrascendente en la que está perversamente encapsulada, tramposamente
oculta, la posibilidad de aplicar desde la Cámara de Diputados, en el
proceso de aprobación del presupuesto federal desde este mismo año
si se quiere, los recortes a las pensiones vigentes o a las que se suponen disfrutarán
los actuales trabajadores, quienes quedarán al margen de la discusión
del régimen contractual.

Esto es una canallada que sólo se explica por el propósito
real del gobierno de Fox y de su artífice Santiago Levy, de destruir
la institución y aniquilar un sindicato nacional, ambos propósitos
acordes con las recetas de cocina del neoliberalismo. El programa privatizador
es el único hilo conductor de los acontecimientos institucionales desde
Zedillo:

1. Se inicia con confirmar la insuficiencia de los servicios
médicos a través de una mentira.

2. Se privatizan las pensiones entregando su manejo a las Afore.

3. Se ignora, hasta la fecha, la obligación del Estado
de pagar el servicio médico de los jubilados.

4. Se reforma la ley en 2001 sin tocar ninguno de los temas
centrales, y se inmovilizan recursos por la constitución de reservas
financieras y actuariales, así como el Fondo para Obligaciones Laborales.
Hasta la fecha estos fondos rebasan la cantidad de 33 mil millones.

5. Se desarrolla una brutal campaña mediática
para hacer creer que el problema del IMSS es el régimen de jubilaciones
y pensiones.

6. Se ignoran deliberadamente el resto de problemas de actualización
de cuotas, incorporación de nuevos grupos, combate a la evasión,
abastecimiento oportuno, pago de compromisos gubernamentales.

Permítanme una reflexión dirigida a los grandes
líderes del Congreso del Trabajo: están siendo cómplices
de un atraco, abriendo la puerta a que en breve lapso ustedes sean las víctimas;
la fórmula se repetirá en Pemex, CFE, LFC y en todos aquellos
casos en los que la autoridad, cada vez más arbitraria, lo desee, rompiendo
en los hechos la contratación colectiva.

El focalizar la solución del IMSS en los problemas del
RJP es una simulación, una farsa ineficaz. El camino privatizador es
equivocado; para corregir el rumbo, debemos volver a ver a las instituciones
de seguridad social como instrumentos de política social y no como instrumentos
financieros; debemos volver a ver a los trabajadores como seres humanos y no
como ahorradores; debemos recuperar el orgullo de servirles mediante la reconstrucción
de un servicio médico eficiente y oportuno, y de las bases para el disfrute
de pensiones dignas.

Es factible, yo digo que sí, pagando el costo real de
los servicios con cargo a contribuciones del sector empresarial y obrero, elevando
estructuralmente la eficiencia mediante la consolidación de los grandes
y pequeños institutos y de los servicios médicos aislados. Esto
evitará duplicidades, acercará los servicios y elevará
la capacidad resolutiva; debemos corregir los excesos vistos a la luz de los
actuales acontecimientos, los abusos, las defraudaciones y la corrupción.
Gran parte de las pensiones indignas derivan de salarios bajos simulados durante
toda la carrera laboral. Debemos recuperar para fines del pago de las pensiones
el rendimiento del inmenso patrimonio constituido por todos los activos fijos
institucionales que eran o son parte de las reservas técnicas.

La solución no está en atropellar a los trabajadores
del IMSS, sino en construir un consenso para, mediante un esfuerzo conjunto,
que todos pongamos la parte que nos corresponde para garantizar servicios médicos
dignos a los trabajadores y a sus familias.